Por graves violaciones a los derechos humanos
El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
La medida también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
La denuncia, liderada por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, se presentó originalmente el 26 de agosto de 2022. Según el expediente, Ortega, Murillo y otros funcionarios de su gobierno están acusados de crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
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Richarte calificó la resolución judicial como un “hecho histórico” y destacó que “marca un antes y un después en materia de justicia universal”. Según el abogado, el caso fue construido durante más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales. “Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, afirmó.
La denuncia inicial documentó violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, incluyendo la represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de grupos vulnerables. Posteriormente, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones de la demanda.
La competencia de la justicia argentina para investigar este caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos juzgar delitos graves como crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde hayan sido cometidos. Esta postura fue avalada por el fiscal Eduardo Taiano y confirmada por el juez Lijo.
