Gobierno regional solicita mayor presencia policial y militar, y exige captura inmediata de responsables.
El Gobierno Regional de La Libertad exigió al Ejecutivo acciones tras el asesinato de 13 trabajadores en la minera Poderosa, en Pataz. A través de un pronunciamiento, solicitó mayor presencia policial y militar, además de evaluar el estado de sitio en la zona. Entre sus principales pedidos figura la declaración del estado de sitio en la zona, con el objetivo de restablecer el orden y frenar la creciente ola de violencia.
El gobierno regional, encabezado por César Acuña, expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Asimismo, manifestó su indignación ante el avance de la criminalidad en esta zona minera y solicitó una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades nacionales.
En ese contexto, el Gobierno Regional de La Libertad planteó cuatro acciones prioritarias. En primer lugar, pidió el inmediato despliegue de un mayor contingente de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, como respuesta a la masacre registrada y como medida preventiva frente a futuros actos de violencia.
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En segundo lugar, demandó que el Ministerio Público y el Poder Judicial articulen esfuerzos para acelerar la identificación, captura y sanción de los responsables del crimen, a fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Las autoridades regionales hicieron hincapié en la necesidad de aplicar penas ejemplares a los autores materiales e intelectuales de esta tragedia.
En tercer lugar, exhortaron al Ejecutivo, específicamente a la presidenta Dina Boluarte, a que evalúe la posibilidad de declarar el estado de sitio en esta zona crítica, lo que permitiría a las fuerzas del orden tener mayores facultades para intervenir y recuperar el control territorial frente a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y otros delitos.
Por último, el Gore La Libertad reiteró su compromiso de brindar apoyo a los deudos mediante asistencia legal, acompañamiento psicológico y respaldo económico. Además, instó a todas las autoridades nacionales, regionales y locales a unirse y trabajar de manera articulada para hacer frente a esta problemática que, según señalaron, viene afectando gravemente a la región.
