Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley; y pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias, manifestaciones públicas y realizar actos de proselitismo, mientras hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley (Art. 34 de la Constitución). Mientras están en servicio sus funciones están especificadas por el orden castrense; cuando pasan al retiro, en cambio, tienen los mismos derechos de los demás ciudadanos peruanos.
Es obvio que desde el momento que se les permitió votar, se les autorizó a seguir el itinerario político del país, para intervenir de una manera mientras estén en servicio y de otra cuando se hayan jubilado. Un militar, marino o aviador, en consecuencia, se hace cargo de cómo se comporta un gobierno y cómo reacciona la oposición. Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República (art. 98). Ello implica, sin duda, analizar nuevas situaciones, trabajo ordinario del Estado Mayor.
La historia republicana del Perú está llena de gobiernos militares, algunos fruto de una decisión del Congreso, otros a raíz de un golpe de estado. En el siglo XX hemos tenido cuatro constituciones (1920, 1933, 1979 y 1983), fruto los golpes de estado de Leguía, Sánchez Cerro, Morales Bermúdez y Fujimori. Si bien en la elaboración de los textos participaron algunos partidos, de una manera o de otra, solamente la última ha sido refrendada por el pueblo mediante una consulta popular directa, lo cual le da sin duda un sabor especialmente democrático.
Las Fuerzas Armadas gobernaron por última vez como tales de 1968 a 1980; salieron con el propósito de no volver a dar un golpe de estado, entre otras cosas, para no acabar en la cárcel, por obra y gracia de los caviares, los políticos más anti-militares. Yo siempre he dicho que me opongo, como me he opuesto toda mi vida, a que los militares tomen el poder político, pero defiendo el cumplimiento cabal de su misión constitucional como defensores de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República (art. 98).
Ahora bien, en el atentado del irresponsable presidente Martín Vizcarra al Congreso presidido por Pedro Olaechea, las Fuerzas Armadas actuaron de una manera pasiva, salvo alguna presencia en Palacio de gobierno, con foto y todo, intentando vender al pueblo una postura de neutralidad política partidaria, aunque en la práctica prefirieron inclinarse fácticamente en favor del poder ejecutivo, pensando que el poder legislativo no puede movilizar a las masas, pero el ejecutivo sí. Y lo último que quieren es un estado de excepción, en el que les toque hacer respetar el orden público (art. 137).
Irónicamente, el actual gobierno evoca cada día más al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, como decía su líder Juan Velasco Alvarado, un régimen autogestionario, colectivista y esencialmente rencoroso que practicaba en su discurso la dialéctica de la lucha de clases. En el cono sur los últimos gobiernos militares, inspirados por el plan Cóndor, dejaron un mal recuerdo por el abuso de la represión y la incansable prédica de los sectores socialistas contra ellos. En nuestro caso, el mal recuerdo proviene por las reformas equivocadas en educación, comunicaciones, agricultura, pesca, industria, minas, gas, etcétera, porque significaron violencia administrativa, atropello a la libertad, empobrecimiento general y retraso en el desarrollo del país.
Pero, Pedro Castillo Terrones nació el 19 de octubre de 1969, cuando el gobierno revolucionario ya tenía un año de ejercicio; y cuando los militares se fueron de palacio de gobierno, el 28 de julio de 1980, le faltaban tres meses para cumplir doce años. Era, pues, un niño. No sabe lo que hemos sufrido los peruanos de las anteriores generaciones, por lo que ignora lo que está haciendo sufrir ahora a la suya y a las generaciones siguientes.
La Fuerzas Armadas hacen bien en no dar un golpe de estado. Pero no deben olvidar que si el Congreso y el Gobierno se enfrentan fácticamente a muerte política, sin duda el poder legislativo representará a la constitución; y, por lo que estamos viendo, hablando un engañoso doble discurso, el Gobierno no. Y las Fuerzas Armadas deben actuar constitucionalmente en consonancia con esta realidad jurídica, en defensa de todos los peruanos. Ello comportará a los comandos un riesgo real aunque limitado, pero ¿no son los miembros de las Fuerzas Armadas los llamados a jugarse la vida en tiempo de guerra?
(*) Periodista, Doctor en Derecho y Miembro de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas.
