Por: Omar Chehade
A propósito del anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre incorporar la pena de muerte para violadores y asesinos, debo expresar mi absoluta disconformidad por populista y anti técnico. Es bien sabido que cada vez que hay problemas en un gobierno, sectores cercanos al presidente, sino él mismo, presentan esta propuesta como cortina de humo o sicosocial para olvidar los graves asuntos del país.
El trillado tema de la pena de muerte, no hace más que confirmar, que estamos ante un gobierno débil, que se escuda en las calles con promesas populares pero ineficaces. La pena de muerte en el Perú, es tan solo una excepción a la regla constitucional, que es la defensa irrestricta de la vida humana y la defensa de su dignidad. Solo por traición a la patria en un hipotético caso de guerra exterior se permitiría.
Es decir, en la práctica no existen casos al respecto. Su incorporación al Código Penal sería inconstitucional. Habría que denunciar los tratados internacionales que el Perú ha suscrito en materia de derechos humanos, como el pacto de San José de Costa Rica y otros en dicha materia, lo que acarrearía salirse de la Corte Interamericana de los derechos humanos, con lo que perderíamos como estado una serie de batallas que se han ido ganando a través de la historia en materia de defensa de la vida y su dignidad como persona.
Además, ejecutando a las personas por crímenes, sin duda abominables, no se va a solucionar, lamentablemente, la tasa de ilícitos violentos o de violación a menores de edad. En su gran mayoría, los agentes perpetradores de esos execrables delitos, es gente con grave insanía mental, con serios problemas patológicos.
Aprobar, hipotéticamente, la pena de muerte, es un reconocimiento tácito de nuestro país como estado, que hemos fracasado en la prevención del delito, entre otras medidas, a mejorar la calidad de la salud en el Perú, y fundamentalmente en una propuesta de cómo combatimos unos de los graves problemas que tiene nuestra patria: la salud mental, a la cual la tenemos casi abandonada y de la que muy pocos hablan al respecto.
Asimismo, los que proponen la pena capital, tampoco se dan cuenta de un grave problema que tiene nuestra justicia: el error judicial. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas irían al cadalso para ser fusiladas siendo inocentes del delito de violación o asesinato? Ya sucedió el año 1957, con el famoso caso del “monstruo de Armendáriz”, en la que después de la ejecución capital de Jorge Villanueva Torres, aparecieron pruebas de su inocencia.
Es decir, se ejecutó erróneamente a un inocente de este grave delito. Conociendo a nuestra mediática justicia, sin duda habrán cientos de villanuevas fusilados en el patíbulo. Finalmente, en un país como el nuestro mayoritariamente de fe cristiana, creemos que quien decide la vida o la muerte es Dios y su justicia divina.
Por favor, presidente Vizcarra, déjese de insanos populismos nuevamente, y encuentre otras soluciones a los graves problemas del país.
(*) Congresista de la República
