Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Muchas veces la coyuntura política se convierte en una bruma que impide ver temas medulares para el desarrollo del país. Uno de ellos es el preocupante nivel de informalidad laboral que existe en el Perú.
En su primer Mensaje a la Nación, el 28 de julio del 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski puso como meta de su gestión reducir este flagelo de 72% a 40% para el 2021. Pocos días después, su entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, adelantaba un paquete de medidas que iba a permitir, de manera progresiva, lograr dicho objetivo.
Sin embargo, lo cierto es que la informalidad laboral -según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el INEI- aumentó en el último año un punto porcentual, lo que nos pone en una situación realmente preocupante. Sobre todo si tenemos en cuenta que otra de las metas es materializar el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante este escenario, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, varió hace algunas semanas las proyecciones, aunque mantuvo la visión optimista y estimó que, para el Bicentenario, el 50% de la PEA se desempeñaría dentro de la formalidad.
Todos hacemos votos porque sea así, pero para lograrlo se necesita desde el Ejecutivo una actitud más proactiva –para no decir agresiva- en la definición y aplicación de las reformas necesarias.
El titular del MTPE asegura que la reforma del mercado laboral que viene preparando el gobierno permitirá crear un millón y medio de empleos formales y aumentar el ingreso de los trabajadores en un 30%. No obstante, aún no se ve la materialización de dicha propuesta.
Es cierto que se han dispuesto acciones aisladas que benefician a los trabajadores, pero no son suficientes.
Debe tenerse en cuenta, además, que si esta problemática no es atendida cuanto antes, se estaría gestando una bomba de tiempo a futuro, ya que toda esa masa informal tendrá un impacto fulminante en la economía nacional cuando necesite de las prestaciones de salud y jubilación para las que no aportó.
Los costos de la formalización, las deficiencias del Estado, los regímenes tributarios y laborales, entre otros, ya se encuentran bajo la lupa del gobierno desde hace tiempo. Lo que falta es la definición respecto a qué se hará con ellos para lograr el ingreso a la formalidad de esos siete de cada 10 peruanos, y aspirar así a un mayor crecimiento económico del país.
