Por Juan Sotomayor
El mandato de prisión preventiva contra Keiko Fujimori ha sido la noticia política de la semana. Con dicho mandato concluye apenas un capítulo de una historia que nos mantuvo en vilo la semana pasada. Nunca un proceso judicial tuvo tanta cobertura y captó la atención de propios y extraños que siguieron durante largas jornadas los argumentos del Ministerio Público y la defensa, así como la resolución del juez Carhuancho. Sin embargo, no todo queda ahí, pues gracias a la maraña de apelaciones y recusaciones cuyos fundamentos y mecanismos procesales sólo lo entienden algunos abogados, la historia promete seguir manteniéndonos atentos en las próximas semanas.
En palabras sencillas, la prisión preventiva es solo un mandato que obliga al inculpado a mantenerse privado de su libertad en tanto se determina su responsabilidad en un proceso penal. Ser sometido a prisión preventiva, no implica necesariamente ser responsable de la comisión de un delito. Mas aún, es posible que quien sufre prisión preventiva, al final del proceso penal resulte absuelto. Sin embargo, para los detractores que han celebrado el ingreso a prisión de la lideresa de Fuerza Popular, por ahora esto pasa a un segundo plano.
Con este caso, apreciamos un interesante fenómeno que se viene presentando en nuestra sociedad. Es evidente que la gran mayoría de ciudadanos no conoce los tecnicismos que sustentan jurídicamente un mandato de prisión preventiva; también es evidente que no quieren conocerlos. Tal como están las cosas hoy, para el común de la gente, según la información que reciban, los políticos son inocentes o culpables y, en función de esa opinión, merecen ir a prisión o no.
Los comentarios en la calle y en las redes sociales, nos demuestran que desde el punto de vista sociológico, la prisión preventiva en el Perú se está convirtiendo en una mini condena sin proceso, en una forma de aplacar la sed de “justicia” contra los políticos que defraudan las expectativas de la ciudadanía. La prisión preventiva es hoy el instrumento legal de aquellos que exigen “que se vayan todos”. De esta forma, este mecanismo procesal se presenta como el remedio que nos brinda la sensación que “por fin se está haciendo justicia”… Ojalá este remedio no sea, una vez más, peor que la enfermedad.
