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    La responsabilidad de las autoridades electas

    Por Juan Sotomayor

    A partir de mañana asumen funciones los nuevos gobernadores y consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores de todo el país. Reto que es asumido con gran expectativa de los vecinos que depositaron su confianza en las flamantes autoridades  y esperado con recelo por quienes apostaban por otra opción política para el gobierno de su jurisdicción.

    Asumir una gestión como autoridad electa demanda muchas cualidades. Una de ellas es tener la suficiente “correa” y paciencia como para soportar acusaciones que se lanzan con bastante ligereza, incluso mucho tiempo después de haber dejado el cargo.

    Por citar un ejemplo, hoy es muy fácil decir que una persona pública es corrupta o que cometió tal o cual delito, sin mayor prueba ni fundamento. Basta revisar las redes sociales e incluso algunos prestigiosos medios de comunicación para encontrar casos de autoridades que son acusadas y socialmente condenadas por hechos que no son de su responsabilidad.

    En la administración pública prácticamente todo está reglamentado y sometido a diversos controles. Corresponde a cada servidor público asumir las consecuencias de sus actos u omisiones, especialmente cuando se determina responsabilidad administrativa, civil y/o penal. Existen mecanismos para el deslinde de responsabilidades y éstas deberían ser de carácter personalísimo, pero no siempre es así.

    Cuando en un ministerio se detectan irregularidades cometidas por subalternos, es común que los ministros asuman la responsabilidad política y pongan sus cargos a disposición, renuncien a ellos o acepten que se deje sin efecto su designación. En el caso de autoridades electas, ello no ocurre porque su mandato emana de la voluntad popular; pero sí suelen cargar con el peso de errores ajenos, no solo en el plano político, con la merma de su imagen, sino también en el plano legal.

    Aunque parezca increíble, una notificación,  una multa de tránsito o un permiso mal otorgado por un determinado servidor edil, pueden ser suficientes para que un alcalde acuda a declarar ante la policía o el Ministerio Público, en calidad de investigado. Es algo que las nuevas autoridades deben anotar, para que conformen sus equipos de trabajo con personal calificado que les evite desagradables momentos en el futuro.

    Por Juan Sotomayor

    A partir de mañana asumen funciones los nuevos gobernadores y consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores de todo el país. Reto que es asumido con gran expectativa de los vecinos que depositaron su confianza en las flamantes autoridades  y esperado con recelo por quienes apostaban por otra opción política para el gobierno de su jurisdicción.

    Asumir una gestión como autoridad electa demanda muchas cualidades. Una de ellas es tener la suficiente “correa” y paciencia como para soportar acusaciones que se lanzan con bastante ligereza, incluso mucho tiempo después de haber dejado el cargo.

    Por citar un ejemplo, hoy es muy fácil decir que una persona pública es corrupta o que cometió tal o cual delito, sin mayor prueba ni fundamento. Basta revisar las redes sociales e incluso algunos prestigiosos medios de comunicación para encontrar casos de autoridades que son acusadas y socialmente condenadas por hechos que no son de su responsabilidad.

    En la administración pública prácticamente todo está reglamentado y sometido a diversos controles. Corresponde a cada servidor público asumir las consecuencias de sus actos u omisiones, especialmente cuando se determina responsabilidad administrativa, civil y/o penal. Existen mecanismos para el deslinde de responsabilidades y éstas deberían ser de carácter personalísimo, pero no siempre es así.

    Cuando en un ministerio se detectan irregularidades cometidas por subalternos, es común que los ministros asuman la responsabilidad política y pongan sus cargos a disposición, renuncien a ellos o acepten que se deje sin efecto su designación. En el caso de autoridades electas, ello no ocurre porque su mandato emana de la voluntad popular; pero sí suelen cargar con el peso de errores ajenos, no solo en el plano político, con la merma de su imagen, sino también en el plano legal.

    Aunque parezca increíble, una notificación,  una multa de tránsito o un permiso mal otorgado por un determinado servidor edil, pueden ser suficientes para que un alcalde acuda a declarar ante la policía o el Ministerio Público, en calidad de investigado. Es algo que las nuevas autoridades deben anotar, para que conformen sus equipos de trabajo con personal calificado que les evite desagradables momentos en el futuro.

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