Por: Phillip Butters
La sentencia mediante la cual la Corte Suprema anula el indulto a Fujimori tiene aspectos por demás significativos, no solo por el futuro del fujimorismo sino de la salud política del Perú.
Me refiero a la posibilidad de que se quiera hacer un nuevo enjuague, tal como se hizo en su momento para liberar al expresidente, cosa que le está costando caro a los fujimoristas y al propio Alberto.
Como es de público conocimiento, Kenji intenta regresar al Parlamento para -conjuntamente con el gobierno de Vizcarra y los probables aliados de la bancada salaverrista- lograr una ley que le permita a su ‘api’ irse a terminar de purgar su condena en una cómoda casa de Camacho, que le cuesta como US$ 4 mil mensuales, cosa que es una falta de respeto a la inteligencia de la gente después de todo lo visto.
Sería realmente lapidario para el Congreso y la democracia peruana que se logre un enjuague de tamaña naturaleza, habida cuenta que la ley que se está preparando beneficiaría a las personas de 70 años o más en la medida de que tengan condiciones de enfermedad graves, complicadas o incurables. ¿Qué es lo que dice la sentencia al respecto?
“Está claro que el sentenciado padece males que son propios de la ancianidad y pueden ser por ahora atendidos hallándose interno en un establecimiento penitenciario con las precauciones que el INPE ha asumido y debe mantener. No hay en el momento otra forma de cumplimiento en el Perú que la efectividad del encierro carcelario: no es posible la privación de la libertad domiciliaria (el arresto domiciliario está reservado a la cautela para asegurar la presencia del encausado para el procesamiento y juzgamiento en casos especificos), ni el empleo de grillete electrónico (que se aplica a los condenados a penas privativas de libertad de hasta 8 años)”, señala el documento.
“No hay otra manera en el país de ejecutar del salto de la condena del sentenciado que el internamiento carcelario efectivo en tanto el Parlamento no establezca otras posibilidades idóneas que fueran aplicables) “Erga Homnes” (bajo el principio de igualdad ante la ley, esto es, para todos los internos que se hallaran en igualdad de condiciones)”, añade.
¿Y qué implican estos tres párrafos lapidarios? Básicamente que si Kenji, los ‘Avengers’, Martín Vizcarra, Salaverry o los aliados ocasionales pretendieran hacer una ley con nombre y apellido para favorecer a Fujimori, tendrían que poner en el mismo costal a ciudadanos notables como Alejandro Toledo y Alan García que están por cumplir 70 años, y a la señora Villarán que entraría a la ley desde los 65 años por ser mujer. Lo propio estaría pasando con PPK y, agárrense, si no frasean bien la ley, hasta el propio Abimael Guzmán se podría ver beneficiado.
Salvo, claro, que se establezca taxativamente que los condenados por terrorismo no podrían tener los beneficios de esta norma.
Se debe aclarar que Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Eso es un fraseo propio de alguien que le quiso hacer daño en la sentencia, pero desde el punto de vista nacional el exmandatario fue condenado por homicidio calificado, homicidio múltiple si quieren. Esa es la tipificación del delito por la que Fujimori está en la cárcel.
Ahora bien, eso no implica que el día que puedan hacer ese enjuague –que, repito, sería una barbaridad para la paupérrima imagen del Congreso- otra vez las organizaciones ligadas a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los deudos, Proética o Transparencia o cualquiera de las organizaciones que son odiadoras de Fujimori -con razón o sin razón- vuelvan a ir a la Corte Interamericana para que observen la ley y el caso regrese a un tribunal peruano y que sea anulada.
Probablemente eso lo podría hacer hasta el Tribunal Constitucional, organismo que en los próximos meses será recompuesto con una Keiko Fujimori en la cárcel o muy debilitada frente a su propia bancada. De los seis que se deben reponer, cuatro serían supuestamente naranjas, lo que implica que los nuevos integrantes del TC no podrían hacer una barbaridad de esa naturaleza o simplemente terminarían anulando la Ley de Fujimori.
¿Qué es lo que quiero decir? Que penosamente para los intereses de Fujimori, de Kenji o inclusive de Keiko, que asumo algún cariño todavía debe guardar hacia un padre que ha sido tan esquivo para ella, solo les quedaría aceptar que Fujimori va tener que morir en la cárcel.
En términos prácticos, lo que se tendría que hacer es negociar con el gobierno mejores condiciones carcelarias para Fujimori. Estamos hablando de un cuarto y un jardín más grandes, de una piscina portátil, de aire acondicionado o de mayor laxitud en las visitas como siempre ha tenido.
Pero si lo último que pretende Fujimori es irse a vivir a Camacho, es mejor que se quede en Diroes y le evite al país jaloneos políticos que le van a hacer daño no solo a su hija sino a su hijo y al Perú.
Fujimori tiene que asumir una responsabilidad política y una responsabilidad histórica. Su responsabilidad política la estarán pagando los hijos, pero su responsabilidad histórica es dar la cara por lo que hizo o dejó de hacer, y tiene que morir como le corresponde, de pie, salvo que quiera morir suplicante y avergonzado. Eso, penosamente, es el futuro que -todo indica- va a tener.
Habría que recordarle al inmaduro, travieso y juguetón de Kenji que las leyes no son de plastilina, que un dinosaurio no puede ser una mariposa o un perro y después una quimera.
Hay que recordarle que cuando juagaba así con su tío Vladimiro Montesinos era un niño imberbe y menor de edad. Hoy, hasta donde se sabe, es mayor de edad y tendría que haber madurado en algo.
Por hacer una Ley de plastilina para el indulto del padre, terminó devolviéndolo a la cárcel y destrozando el poder de su hermana. Que Kenji recuerde que cuando quiera jugar, se busque un mejor juguete que una Ley.
