El alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, solicitó que su distrito se declare en estado de emergencia tras la creciente ola de violencia
En los últimos días, bandas delictivas han atacado con arma de fuego a dos fiscalizadores del Damero B en el emporio comercial de Gamarra.
El burgomaestre junto con varios parlamentarios de diversas bancadas políticas, sustentó la alarmante situación que se vive en el distrito de La Victoria en lo que respecta a la seguridad pública.
En las reuniones, las cuales se desarrollaron de manera independiente, participaron los congresistas José Jerí, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Auristela Obando y Eduardo Salhuana, a quienes se les informó sobre el estado de violencia que se vive en el distrito más comercial de Lima.
«Llegamos al Congreso de la República buscando apoyo porque queremos declarar en emergencia La Victoria, han asesinado a un fiscalizador y herido a otro. Mis funcionarios renuncian a sus cargos porque se sienten amenazados, la situación es muy complicada. Necesitamos el apoyo del gobierno y la Policía, sin ellos esto no es sostenible», sostuvo el alcalde.
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También informó sobre la organización de la marcha «La Victoria busca la paz», que está prevista para el próximo miércoles 6 de septiembre a las 10:00 a.m. En esta actividad, se espera que tanto residentes como empresarios del distrito se unan para expresar su rechazo a la violencia.
Hace unas semanas, antes de culminar el mes de agosto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga solicitó que la capital y el Callao sean declarados en estado de emergencia ante las grandes cifras de robo, extorsión y sicariato en diversos puntos de la ciudad.
Mencionó que se debe declarar como terrorismo urbano a todos los actos delictivos que atenten contra la vida e integridad de los ciudadanos.
«Un sicario o una banda criminal dedicada a la extorsión debe crearse de manera análoga a un terrorismo urbano. Y seamos fuertes e inflexibles. Establezcamos claramente el tipo penal de terrorismo urbano, por lo menos a lo que es sicariato», sentenció Rafael López Aliaga.
