Richard Arce
En estos días, el proyecto minero de Las Bambas (provincia de Cotabambas, Apurímac) ha acaparado la atención pública. Esta operación minera se remonta al año 2004, cuando se entregó en concesión a la empresa suiza XSTRATA. La misma que en el 2010 presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), logrando la “aprobación” de las comunidades a través de audiencias públicas, más no con la aplicación de la Consulta Previa, establecida en el marco del convenio 169 con la OIT.
Posteriormente, en enero del 2016 se inició la explotación, principalmente de cobre, pero también de molibdeno y oro, con una producción anual que bordea las 450,000 toneladas métricas, siendo el segundo yacimiento minero más importante. Y que según el Ministerio de Economía y Finanzas contribuye en el 1.5% al PBI nacional.
Todo suena bonito para la platea de la Sociedad Nacional de Minería y Petroleos y los gobiernos de turno, pero no se dieron cuenta que se venía gestando un conflicto social complejo que podría escalar, por responsabilidad directa de un Estado ausente y la falta de institucionalidad, y que fue muy bien aprovechada por la empresa minera MMG Limited.
Un ejemplo. Durante el gobierno de Ollanta Humala, bajo el paraguas de promover las inversiones, se implementó los “Informes Técnicos Sustentatorios” -ITS, para modificar componentes principales en el proyecto minero y esto originó la sustitución del transporte del mineral en un mineroducto por el de camiones encapsulados por una carretera de tierra, generando impactos ambientales directos por la vibración, ruido y polvo, por el paso de 360 camiones diarios.
Desde el 2015 hemos sido testigos de las movilizaciones sociales, con resultados trágicos: 3 muertos en el 2015, un muerto el 2016, conflicto en el distrito de Mara con 5 comunidades en el 2017. Y desde agosto del 2018, con las protestas de la comunidad de Fuerabamba, la niña de los ojos del proyecto minero, presentada como un “modelo de relaciones comunitarias” en las convenciones mineras que se realizan en Arequipa. Quedando en evidencia que esto no era tan cierto.
Hoy jueves se retoma el dialogo en Challhuahuacho, con las 52 comunidades campesinas del ámbito de influencia del proyecto minero, porque no es solo Fuerabamba. Se requiere un proceso largo para atender las demandas sociales, ambientales y económicas de estas comunidades, postergadas y olvidadas durante estos años.
Se tendrá que establecer un “Plan de Trabajo” a 60 días para que se atienda mediante mesas de trabajo a cada comunidad, con la participación activa del gobierno y evidentemente de la empresa minera, que, si quiere recuperar la disposición de las comunidades, tendrá que retomar y cumplir sus compromisos firmados en el “Compendio de Acuerdos” del 2009 con Fuerabamba y atender a todas las comunidades impactadas por su intervención. Un punto de partida podría ser un proceso de “Monitoreo Ambiental Participativo”.
De parte del gobierno de Martín Vizcarra, tener gestos para recuperar la confianza, como levantar el estado de emergencia; desmilitarizar la zona y; sobre todo, que renueve el compromiso del Plan de Desarrollo de Cotabambas, curiosamente firmado en la pampa de Quehuira en el 2016, por el mismo Vizcarra, en su condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones, y como garante de la solución del conflicto que involucró a las comunidades campesinas de Pumamarca, Quehuira, Choquecca, Allahua y Antuyo.
