La ley 32336 también establece penas de 8 a 25 años para quienes induzcan a menores a cometer delitos mediante violencia o amenazas.
El Poder Ejecutivo promulgó una ley que sanciona con cadena perpetua a quienes involucren a menores en delitos. La norma aplica cuando el responsable se aprovecha de su autoridad, cargo o vínculo familiar. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano bajo el número 32336, introduce el artículo 129-Q en el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes recluten a niños o adolescentes para cometer crímenes graves como sicariato, robo agravado, narcotráfico o integración a organizaciones criminales.
La ley establece que si el responsable utiliza su vínculo familiar, laboral o cualquier tipo de autoridad para obligar a un menor a delinquir, será sancionado con la pena máxima de cadena perpetua. En estos casos, la coerción incluye el uso de violencia, amenazas o abuso de poder, lo que agrava aún más la responsabilidad penal del infractor.
La norma también establece sanciones de entre 8 y 12 años de prisión para quienes induzcan a menores a cometer delitos, aprovechándose de su vulnerabilidad. Si los delitos implican hechos graves como sicariato, tráfico de drogas, robo agravado o pertenencia a una organización criminal, la pena mínima sube a 12 años y puede llegar hasta los 25.
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Este marco legal busca frenar el uso de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad. Con esta medida, el Estado peruano pretende proteger con mayor eficacia a los menores de edad y evitar que sean víctimas o partícipes de la delincuencia.
La nueva ley refuerza la protección penal de niños y adolescentes. Busca reducir la participación forzada de menores en delitos, un problema creciente en varias regiones del país. Además, deja claro que cualquier abuso de autoridad para involucrarlos en actividades criminales será castigado con la mayor severidad posible según el sistema judicial.
