Regidores Moyano y Valdez rechazan doble discurso de alcalde metropolitano
Expertos y autoridades ediles se manifestaron a través de LA RAZÓN sobre la necesidad ineludible del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de reivindicarse ante sus electores, modificando o anulando los contratos de los peajes de Lima, los que fueron adulterados mediante perniciosas “adendas” para favorecer a los concesionarios, perjudicando a los conductores limeños de vehículos particulares que pagan alrededor de mil 716 soles al año, mientras que los del transporte pesado S/ 500 millones anuales.
Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ambar señaló es el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, es la única autoridad indicada que puede darle solución al problema de los contratos de concesión de peajes en Lima, pero se muestra inoperante respecto a modificar o resolver los lesivos contratos de concesión y menos aún no toma una postura convincente que revalore el derecho de los limeños al libre tránsito.
LE TIEMBRA LA MANO
“El tema de los peajes es complicado. Los peajes tienen un mal endémico y de origen. Las empresas concesionarias y las autoridades ediles han suscrito contratos que son lesivos a la población peruana los que pagan por cada peaje S/5.50. No se ha buscado el costo beneficio, ni equilibrio alguno, simplemente las autoridades suscribientes no pensaron en el beneficio de la comunidad”, expresó el experto.
Quispe Candia indicó además que si un alcalde firma un contrato inconveniente en su gestión, el alcalde que le sucede considera que debe ser revisado, puede llevarlo a un tribunal arbitral. “En todo contrato se deben hacer los cálculos de ganancia de la empresa adquiriente y no debe haber intereses ocultos a favor del concesionario. Todo contrato es revisable”, explicó
Subrayó, asimismo, que se ha originado un perjuicio a los habitantes de Puente Piedra donde no se hizo una vía alterna. “La señora Susana Villarán suscribió la adenda que permitió que se incremente el valor del cobro de sur a norte. La gente de Puente Piedra tiene que pagar peaje para entrar y para salir. No se ha previsto que Lima tiene que seguir creciendo”, remarcó.
“Debe convocar al concesionario y modificar contratos”, señala Quispe Candia de Luz Ambar
REGIDORES DE LIMA
En su momento, los regidores de Lima, Martha Moyano y Jorge Valdez mostraron su total rechazo a la posición que viene asumiendo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien se muestra contemplativo y hasta defiende a la empresa LAMSAC por lo que pidieron que se aplique también el habeas corpus admitido al distrito de La Molina para Puente Piedra y Lurín, respectivamente.
“Yo me siento avergonzado como autoridad municipal haberme enterado que la Municipalidad de Lima ha defendido al concesionario a sabiendas que es anti técnico, que fue colocado para darlo en concesión. Entonces, en vez de ponerse de lado de la ciudadanía favorece a la empresa LAMSAC”, dijo el regidor Jorge Valdez.
Valdez opinó que la admisión del habeas corpus se motivó en que el juez ha logrado restituir el derecho ciudadano al estado original y primigenio, es decir, devolverle el libre tránsito para que los vecinos puedan pasar por ahí libremente y como el concesionario no pudo acreditar una vía alterna.
“Si aplicamos un principio del derecho a igual razón; igual derecho, el peaje de Puente Piedra que viene de Lima Norte a Lima Sur también tiene que ser desactivado porque no existe una vía alterna porque no hay un espacio para construirla. El habeas corpus debería proceder si el juez que lo toma es un juez valiente para el caso de Lurín, que le han puesto 6 peajes que han secuestrado al distrito”, apuntó.
A su vez, la regidora de Lima Metropolitana, Martha Moyano, denunció ayer la existencia un complot entre el Alcalde de Lima, Jorge Muñoz y la empresa LAMSAC para impedir que proceda el retiro de más peajes de la corrupción, luego de la orden de la Corte Superior de Lima de retirar el peaje ubicado en la avenida Separadora Industrial en el distrito de La Molina, al admitirse el habeas corpus solicitado por el referido alcalde distrital.
“Los jueces de la Corte Superior están tomando decisiones valiosas para que se les devuelva la dignidad a los ciudadanos de Lima, ante el abusivo cobro de los peajes de la corrupción, porque los vehículos particulares gastan un promedio de mil 716 soles al año en el pago de la tarifas y los conductores de vehículos pesados alrededor de S/ 500 millones al año. Sin embargo, no hallamos receptividad ni apoyo de parte del alcalde Muñoz al respecto”, señaló la regidora Moyano.
Cabe señalar que la Corte Superior de Justicia de Lima Este, tras la demanda interpuesta por la Municipalidad de La Molina, ordenó el retiro de la caseta de peaje ubicado en la avenida Separadora Industrial administrada por la concesionaria LAMSAC, ello debido a que, según la instancia judicial, la instalación de este peaje atentaba contra los derechos de los limeños.
“Tenemos entendido que ha habido incluso una defensa legal por parte de la procuraduría municipal a favor de la empresa LAMSAC, en vez de defender el derecho de los ciudadanos de Lima. El señor Muñoz debe entender que ahora todos los alcaldes distritales van a exigir el mismo derecho que le asistió a la Municipalidad de La Molina”, subrayó la regidora.
COMPRA “MALHADADA”
Por su parte, el economista, sostuvo que el alcalde Muñoz ha debido tomar acciones de manera inmediata porque se hicieron anuncios, pero no se cumplieron. Remarcó que el burgomaestre limeño debe asumir una posición concreta en estos momentos porque ya la población no resiste el alto costo de estos peajes.
“No entiendo cómo una empresa canadiense y la otra francesa hayan comprado la concesión de peajes a sabiendas que había una contingencia. Sabían que el dueño estaba preso y acusado de corrupción. En el negocio de la compra venta de empresas, uno compra con esa contingencia y se pide seguridad para en caso de eventualidades”, subrayó.
Alejandro Indacochea
