El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que el Gobierno se mantendrá al margen sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentará el Ministerio Público contra la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de 2002.
«Desde el Gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de esto, porque seguramente va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad donde le corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables», dijo el titular del Minjus en conferencia de prensa.
«Respetamos las posiciones que institucionalmente las entidades como la Conferencia Episcopal o el Ministerio Público puedan tener respecto del contenido, vigencia y los alcances de la ley», indicó el ministro de Justicia.
Eduardo Arana evitó responder si el Gobierno está a favor o en contra de la norma. «Es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla», expresó.
«El Ejecutivo no tiene que aplicarla y corresponderá a los jueces y fiscales disponer si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el tribunal tenga que resolver. (…) La posición del Gobierno es de cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición de momento que corresponda a no aplicarla, pero esta norma está destinada para ser aplicada por jueces y fiscales», puntualizó.
Cabe señalar que la ley en cuestión precisa la correcta aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra para beneficiar a militares y policías que fueron procesados por enfrentar al terrorismo a presión de organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos de terroristas.
