El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que instalará un cañón en su despacho, dirigido hacia el Palacio de Gobierno, como forma de protesta frente al trato recibido por parte de la gestión de Dina Boluarte. Según declaró el burgomaestre, la medida apunta a visibilizar lo que califica como “descuido absoluto” y “pésimo trato” del Ejecutivo hacia la capital peruana.
Tal como indicó, no es la primera vez que se coloca el arma de guerra como un gesto contra el Ejecutivo. En el pasado, durante la remodelación de la Plaza de Armas, se rescató un cañón de las guerras por la independencia y se ubicó simbólicamente en el balcón del Palacio Municipal, ocupado por Alberto Andrade, apuntando a Palacio.
En otro momento, Rafael López Aliaga dirigió cuestionamientos al modelo de gestión ministerial, al que denominó “repartija”, y acusó a Dina Boluarte de asignar carteras estratégicas para satisfacer pactos políticos y acuerdos entre partidos. Apuntó especialmente a agrupaciones como Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y a Alianza para el Progreso, de César Acuña.
“No hay voluntad política, lo que veo es una repartija en la que le dan la cartera que tiene mayor presupuesto a un señor del partido de Acuña. Este gobierno va lotizando para sobrevivir sin reducir nada de personal, consultorías ni nada. Se han venido a cargar la plata en paila”, expresó e hizo especial énfasis en la figura de César Sandoval, actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y militante de APP.
López Aliaga cuestionó la asignación del presupuesto nacional, señalando que gran parte del gasto público se destina a planillas y consultorías, mientras la seguridad sigue desatendida.
Anunció que presentará una iniciativa para que el 50% del presupuesto municipal se use en infraestructura, incluyendo la seguridad. Además, criticó al Ejecutivo por no equipar adecuadamente a la Policía y adelantó que la Municipalidad entregará chalecos antibalas directamente a las fuerzas del orden.
Contra Corte IDH
López Aliaga renovó su pedido para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y propuso la deportación de cabecillas de organizaciones criminales extranjeras.
