Alfonso López Chau, candidato presidencial del partido Ahora Nación, está en el ojo público tras revelarse presuntas irregularidades en la contratación de su principal asesor, Jordi Segarra, de origen andorrano.

Cabe señalar que contratar extranjeros en situación irregular en Perú es una infracción grave que conlleva multas administrativas por parte de SUNAFIL y, si el empleador facilita el ingreso o permanencia ilegal con fines de lucro, puede configurar el delito de tráfico de migrantes, sancionado con pena privativa de libertad de 8 a 12 años (Art. 303-A Código Penal)

A pesar de que el exrector de la UNI sostuvo no contar con recursos económicos para costear una asesoría de alto nivel, el contrato entre su agrupación y la empresa Blackstring LLC asciende a miles de dólares. La situación legal del asesor se complica debido a su ingreso al país con visa de turista.

La abogada especialista en temas migratorios, Julissa Vásquez, señaló que el documento difundido por Ahora Nación presenta vicios de nulidad.

Según la experta, un extranjero con visa de turista tiene estrictamente prohibido realizar actividades remuneradas o firmar contratos comerciales en territorio nacional.

Para que el documento fuera legítimo, Segarra debía obtener un permiso especial de Migraciones antes de plasmar su rúbrica como representante de la compañía norteamericana.

La ausencia de este trámite administrativo califica al acuerdo como un contrato irregular, lo que podría acarrear sanciones severas para el consultor.

De acuerdo con el marco normativo vigente, las consecuencias por trabajar de forma irregular en el Perú incluyen desde multas administrativas hasta la expulsión del país. Asimismo, el incumplimiento en el pago de impuestos a la Sunat, correspondientes a rentas de cuarta categoría, agravaría la situación jurídica de ambas partes.

Jordi Segarra confirmó que el monto acordado con el partido de López Chau es de 175 mil dólares, una cifra significativamente menor a su tarifa habitual en otros países. Según reportes previos, el consultor llegó a solicitar hasta un millón de dólares a otras agrupaciones políticas peruanas para dirigir sus campañas.