Hay 30 casos registrados, principalmente de índole socioambiental según el reporte
Loreto es la región con mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, con 30 casos registrados (28 activos y 2 latentes) y esta posición la mantiene desde septiembre de 2020, es decir, 37 meses consecutivos. Según la Defensoría del Pueblo al dar a conocer el Reporte de Conflictos Sociales n.° 235, correspondiente al mes de septiembre de 2023, la mayoría de casos corresponden a temas socioambientales.
El documento hecho público precisa que según el tipo de conflicto, los casos socioambientales son los más recurrentes, con el 73.3 % (22 casos). Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 13.3 %; por asuntos de gobierno regional, con 6.7 %; por asuntos de gobierno local, con 3 %; y, los conflictos comunales, con el 3.3 %. Todos los conflictos socioambientales están vinculados a actividades de hidrocarburos señala el reporte de Defensoría.
En cuanto a los conflictos sociales activos registrados en Loreto, el 64.3 % (18 casos) se encuentra en fase de diálogo. En 16 casos se inició el diálogo después de un hecho de violencia. De igual manera, el 28.6 % (6 casos) se mantiene en desescalamiento; y el 7.1 % (2 casos) está en escalamiento.
Del total de casos reportados en esta región de la Amazonía, en el 83.3 % (25 casos) existe presencia de actores sociales que pertenecen a un pueblo indígena u originario.
En el caso de los conflictos socioambientales, en el 100 % los pueblos indígenas y sus organizaciones son actores primarios. Se identifica a los pueblos achuar, kichwa, wampis, awajún, urarina, kukama kukamiria, chapra, entre otros.
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Demanda de Servicios y Derechos
Respecto a las demandas sociales planteadas por la población, la Defensoría del Pueblo identifica que el 33.3 % de las demandas están orientadas a servicios públicos y otras prestaciones del Estado. El 18.9 % se refiere al medio ambiente y recursos naturales; el 11.6 % se trata de demandas vinculadas a actividades extractivas, entre otras.
Adquiere especial relevancia en las demandas de los pueblos indígenas, que son actores primarios en los conflictos socioambientales, la remediación ambiental de su territorio, el derecho a la consulta y la garantía de sus derechos fundamentales como el acceso al agua potable, educación y salud los mismos que deben ser atendidos con pertinencia cultural.
Cabe indicar que el Gobierno Regional de Loreto, desde el mes de septiembre no cuenta con responsable de la Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, habiendo encargado dicha función a la Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Originarios.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha recomendado la pronta designación del responsable, y entre los requisitos, se indica, debe incorporarse competencias interculturales, factor indispensable en la dicha región que registra el mayor número de pueblos originarios en su jurisdicción (32 de los 55 identificados por el Ministerio de Cultura).
Por ello, sostiene el informe, la necesidad de que el Gobierno Regional de Loreto dé continuidad a los espacios de diálogo intercultural que inició el presente año con los pueblos indígenas afectados por la actividad petrolera en la Amazonía y que son actores primarios en el 100 % de los conflictos socioambientales existentes en la región.
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