Aníbal Quiroga León
Profesor Principal PUCP
La aparición y publicación de audios y videos llamados “de la vergüenza” han exhibido públicamente lo que desde hace tiempo se sabía sotto voce y con lo que hemos convivido por años: la aguda crisis del sistema de justicia en todas sus dimensiones a nivel nacional.
Desde la captura del Consejo de la Magistratura por personajes cada vez más discutibles, de precaria solvencia moral, académica y profesional, algunos francamente impresentables, pasando por el dueño de -nada menos- una academia dedicada precisamente a preparar a postulantes a la judicatura y al Ministerio Público, hasta enfermeras y profesionales ajenos al derecho, que prontamente eran capturados por sus “asesores jurídicos” o por los otros consejeros letrados que los llevaban de un lado al otro cuando de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales se trataba (pasando por el análisis de la trayectoria de los magistrados y el análisis de su jurisprudencia, sobre lo que por cierto nada podrían aportar).
A un magistrado con 3 quejas no lo ratificaron.
En Lima, hay un juez constitucional conocido por la lentitud en la tramitación de sus causas con más de 120 quejas que si fue ratificado (¿?).
De allí al compadrazgo y el ingreso del club de los “hermanitos” hay poco trecho. Desde el amiguismo y el favorecimiento en los nombramientos y ratificaciones, la perversión de los “candidatos en reserva” para no hacer los concursos correspondientes, hasta el cobrar en duro y maduro -en “verdecitos”- cupos para acceder a tales nombramientos.
Y así se fue poblando el Poder Judicial y el Ministerio Público del país durante varios años: el resultado ha sido el paupérrimo servicio de justicia y el deficiente funcionamiento de las fiscalías en todo el territorio nacional, sin excepción. Por eso los grandes casos judiciales como el de los altos funcionarios del país, o el de Lava Jato, les quedan tan anchos.
Otro tanto afecta a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la República que tiende a ser objeto de captura del mismo club de los hermanitos, y donde se salvan muy pocos, contados con los dedos. Todos participan del mismo sistema de captación y ascenso, y una vez que llegan al olimpo judicial se olvidan de los juramentos y de los compromisos adquiridos para entrar en una dinámica ya pauteada: amiguismos, favorecimientos y fallos de muy dudosa redacción, origen y finalidad. “¿Ha sido desflorada?”, “¿Cuantos añitos tiene?”, “¿Qué quiere, absolución o rebaja de pena?” es parte de ese metalenguaje de los hermanitos que, en público, se presentan contritos, formalitos y con la promesa siempre a flor de piel: somos autónomos y sólo resolvemos con arreglo a ley y a la Constitución, como reza las expresiones de cliché de siempre.
Dentro de eso, también hay de aquellos jueces y fiscales que sucumben al subpropósito del culto a la imagen y ponderación de su propia figura, que se aprovechan de la natural publicidad que los grandes casos siempre arrastran para construir su propia carrera, no por afán de mejorar la justicia ni de servir a sus conciudadanos, sino por querer construirse a sí mismos a costa de los casos. Ahí entran los ex. Los exprocuradores, los exfiscales y los exjueces y el caso de los jueces figurettis, como el caso del juez penal Concepción Carhuancho.
San Martín es un juez con una ganada reputación (de la buena y de la mala). Fue buen juez penal hasta ser desaforado del Poder Judicial en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Una nota de inteligencia de entonces le acusaba de un grave error judicial. Luego recaló como asociado del Estudio de Abogados de un no menos famoso exprocurador público que -curiosamente- fue designado por el propio gobierno de Fujimori pero que muy pronto se volvió contra él. Dicho sea de paso, fue nombrado a dedo por el fallecido Alberto Bustamante, sin concurso de méritos y sin haberle disputado el puesto a nadie. Para él no existió la meritocracia que luego reclama para los demás en aras de la trasparencia, nacional e internacional.
Luego llegó el Jurado de Honor de la Magistratura para revisar la problemática fiscal y judicial, y algo se logró mejorar con ello, y San Martín fue baloteado por dicho jurado conformados por verdaderos notables. ¿La razón? La misma nota de inteligencia de antaño que les fue alcanzada según la cual, siendo juez penal, San Martin fue engañado y con un Hábeas Corpus con evidente equivocación dio la libertad al sacerdote Mondet, de nacionalidad francesa, que había sido detenido por la DIRCOTE, comprobándose luego en forma fehaciente que era directo colaborador de Sendero Luminoso.
Luego logra su nombramiento como Vocal Supremo ante el Consejo de la Magistratura ya en el periodo democrático de gobierno y llega a los predios de la Corte Suprema a sentar cátedra, ya que se presenta como experto en derecho procesal penal. Líder, amiguero, locuaz, amante de las palabras difíciles y de las expresiones rebuscadas, en una misma conversación cita a varios autores para demostrar su versación, se hizo de un coto dentro de la Suprema haciendo contrapunto con el entonces vocal Javier Villa Stein, su antagónico por naturaleza.
Así las cosas, llegó el caso de Alberto Fujimori a su “Sala Especial” la que conformó con su “amiguis” Víctor Prado, un tímido vocal recién llegado a la Corte Suprema, y con Hugo Príncipe, quien arrastra el karma de ser -hasta ahora- tan solo “vocal provisional” (no es titular y carece de nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura).
San Martín cobró notoriedad y protagonismo internacional con dicho juicio, y llevó de las narices a la defensa de AFF. Como el caso se televisaba en directo y era evidente su notoriedad (el primer presidente peruano juzgado por una corte de justicia) tuvo el prime rate diario por mucho tiempo. En el camino, y antes de escuchar a la defensa del acusado, con todo descaro se carteó electrónicamente con colegas españoles para construir mejor la condena del acusado. Es decir, no había acabado el juicio, no había escuchado a su defensa y ya estaba pergeñando como condenarlo mejor.
No solo logró la condena a 25 años, el máximo legal, sin considerar ni un solo día de atenuante por nada, sin hacer lugar ni un cachito a la fatigosa defensa del acusado, sino que además, en forma adrede y tramposamente, en el fallo le “agregó” un cintillo extra que el fiscal no había pedido: el que esos delitos por lo que estaba condenando a AFF, también, debían ser considerados delitos de lesa humanidad según el derecho penal internacional, violando groseramente el principio acusatorio (el fiscal no había pedido eso) y aplicando a los hechos juzgados una normatividad claramente retroactiva. ¿Su objetivo? Bloquear desde entonces cualquier intento de indulto.
Pero, claro, como fue objeto de admiración y de aplausos exultantes por un sector de la platea, San Martín ya se veía posicionado a una silla de la Corte Penal Internacional La Haya, su más caro anhelo, pasando a ser uno de los modernos ídolos del Poder Judicial para un sector de la opinión pública y del foro.
Por eso se le ve al lado de Duberlí Rodríguez en sus horas agónicas, por eso le apunta lo que debe decir, por eso habla como bueno de la “reforma del Poder Judicial” y por eso impulsa la candidatura provisional de Víctor Prado (su “amiguis”) para que complete el mandado de Duberlí. ¿Cumplirá esa promesa o cambiaran las circunstancias y los acuerdos y se quedará un periodo más?
Pero he aquí, aquí hete, que San Martín también tenía su audio con el inefable presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao -verdadero shogún de un feudo independizado- para pedir, “hermanito”, un favorcito en causa propia, y solicitarle, “hermanito”, que presione a una jueza de familia por un trámite –“una cojudez, hermano” (sic)- que considera retrasado.
Sus explicaciones han sido patéticas, como falsas sus disculpas públicas, sometiéndose farisaicamente a su Sala Plena (el club de los “hermanitos” donde es uno de los lidercillos) para que esta “determine” las responsabilidades del caso a las que valientemente “se ha sometido”. Dice, faltando groseramente a la verdad, que se trataba de un procedimiento no contencioso, contrariando el propio Código Procesal Civil, dice que es un litigante más, pero llama como Vocal Supremo, con su secretaria de Vocal Supremo, haciendo uso de los bienes del Estado, y del tiempo que el Estado le paga para juzgar, para hacerla de avivado abogado en causa propia y pedir (lo que los comunes mortales no pueden pedir) que se presione a una juez de familia. Eso no solo es una falta ética, y también estética apuntaría una querida procesalista española, sino que además linda con lo delictivo como bien ha señalado Enrique Ghersi, ya que ingresaría en el supuesto de hecho normativo del Art. 400° del Código Penal que reprime nada menos que el tráfico de influencias y que tiene su agravante cuando “el agente es un funcionario o servidor público, …”.
Eso, cuando menos, merecería de una acusación constitucional por el Congreso de la República, tal como ha acontecido en otros casos, con su propio colega de la Corte Suprema y con los ex integrantes del Consejo de la Magistratura. Eso, en el derecho constitucional, se llama el principio de igualdad ante la ley.
Pero claro, en el Perú rige la ley -no promulgada pero plenamente vigente- del doble estándar, del doble rasero y de la escopeta de dos cañones. No es tan solo falta menor por estacionar mal, dicen algunos con candorosidad urticante, pues no ha robado un banco. Una metáfora suiza señala que quien de niño roba un caramelo, de joven robará un caballo y de grande asaltará un banco. Falta es falta y castigo es castigo. Más si se trata de un juez que dice administrar justicia por igual y que a diario decide sobre la vida, la libertad, el patrimonio y la honra de sus conciudadanos. Pero claro, si sus exsocios le quieren blindar, si un sector político le quiere proteger por haber hecho el papel de malulo-maloso en la condena a Alberto Fujimori, si -como su propio exsocio criticó en su día respecto de Luis Bedoya- se dice que son pecadillos y no delitos, entonces no habremos avanzado nada como sociedad civil y como proyecto de Estado democrático de derecho. San Martín, exjuez penal, exvocal superior, expresidente de la Corte Suprema y actual Juez Supremo presidente de una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia debe -como él se lo exige a diario a los ciudadanos a los que juzga con severidad- comparecer con su conciencia, con su responsabilidad y con su persona ante el juzgamiento de las autoridades competentes para que sus actos y hechos sean determinados en la responsabilidad que le corresponda en justicia y equidad, aquella a la que pretende parecerse la que el imparte a diario desde su Sala Suprema. No es posible admitir que los nuevos ídolos estén inmunizados a la responsabilidad funcional y/o penal que les pudiera corresponder.
Pero no cabe duda que su halo de héroe de la justicia y adalid del activismo judicial en clave progre ha quedado severamente mellado por sus propios actos y hechos que todos hemos apreciado en vivo y en directo. ¡Y esas no han sido cojudeces, hermanito! (Tomado de Lampadia)
