SERGIO TAPIA T.
En el mes de la Patria, y a tres años del bicentenario de la proclamación de la independencia en Lima, por el General San Martín; nuestro sistema de gobierno republicano, ese modelo de organización de los poderes públicos, padece una grave crisis de funcionamiento, cuya solución no requiere reorganizar instituciones, sino compensar las carencias éticas de las personas sobre las que reposa la autoridad y la conducción de nuestra Sociedad Nacional.
Por doquier, hay una muy sentida falta de honradez por quienes ejercen función pública. Ello explica que los problemas no se resuelvan y que se agraven, porque hay quienes no cumplen con sus obligaciones, cuando subordinan el puesto público a satisfacer apetitos personales u obtener las ganancias pervertidas de las ideologías.
“Chicha” es un peruanismo de uso frecuente en nuestro vocabulario, que describe las actividades informales y de mal gusto. Los funcionaros del Estado se ha “achichado”, son de mala calidad, son incompetentes para los servicios que deben brindar.
Pero, más grave que dejar de cumplir las obligaciones del cargo, es delinquir contra el Estado, al que se debe lealtad. Y, es muy lamentable que en un país de tantas necesidades insatisfechas, que la población pobre reclama y que los peruanos en situación de debilidad exigen, no sea común sino que es la excepción esperar frutos del buen gobierno. Y, más bien sea el robo, la apropiación ilícita y el delito patrimonial contra el Estado, lo que se extiende con tan injusta impunidad.
La vida delictiva inclina a una perversa situación de crisis moral. Eso lo refiere otro vocablo del peruanismo: “fermentado”. Que sirve para describir el colapso ético de todo un conjunto generacional de políticos, jueces, funcionarios, policías, etc.
Con ocasión de las interceptaciones telefónicas, aparentemente realizadas con las debidas licencias prescritas en el Numeral 10 del artículo 2° de la Constitución; los audios probatorios no fueron objeto de investigación para sanción judicial, sino que terminaron siendo utilizados para psicosociales por una ONG litigante que patrocina intereses ideológicos contra un sector del Estado peruano.
El sismo político-estatal aún es impredecible, comprometería desde la figura presidencial, arrasando ministros, parlamentarios, jueces y fiscales. Todo articulado para someter, al tamiz de la “corrección política”, inspirada en protervos intereses.
Para el sector ciudadano que le asquea la Política, esto les sirve para profundizar en su nihilismo ácrata. Para los revolucionarios conspirativos, esto constituye señales de la dialéctica y la contradicción, de las que ansían obtener subversivas ventajas.
Para la inmensa mayoría de ciudadanos, los audios tan sólo prueban una vez más, la necesidad de reivindicar la unión indisoluble que debe existir entre la ética y la política. Y, para la Sociedad Peruana, no es más que la comprobación de que toda crisis política, social, económica o cultural; es crisis de raíz moral en las personas, no de las estructuras institucionales.
Porque cuando las personas se “achichan”, se “fermenta” con nauseabunda inmoralidad, incompetencia, deserción y traición todo lo bueno y excelente de la Política y la administración pública.
