Martín Belaunde Moreyra
Los porcentajes de la votación por el Sí en las tres primeras preguntas del referéndum son más que elocuentes, una abrumadora mayoría que supera el 80%, mientras que en la cuarta interrogante la respuesta negativa llegó al 90%. No cabe duda, por consiguiente, que el pueblo peruano se ha expresado en forma contundente a favor de las preguntas planteadas por el Poder Ejecutivo, tal como fueron reformuladas por el Congreso, salvo respecto de la última que fue desautorizada por el Presidente Vizcarra. Hay un dato importante todavía no revelado al momento de escribir esta columna, ¿qué porcentaje de la población ha ido a votar?
¿Tales resultados significan un triunfo para el gobierno del Presidente Vizcarra y una derrota para la oposición, ahora arrinconada en un Congreso no reelegible? A primera vista no cabe duda que se deben interpretar como un triunfo, aunque en el mediano y largo plazo cabrían posiciones distintas, dependiendo de que como se conduzca el gobierno durante el resto de su mandato. Es evidente que de aquí en adelante van a primar otras consideraciones relacionadas con el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la reconstrucción del norte, el destrabe de las obras públicas, la seguridad ciudadana, etc.,Eso por cierto dentro de un clima de armonía democrática que respete los derechos de todos, desde los partidarios del gobierno hasta sus opositores más recalcitrantes. El sentimiento de popularidad a favor del Ejecutivo podría acentuarse o desvanecerse conforme evolucione la gestión del gobierno en temas cruciales para la opinión pública.
Mucho se dice que los referéndums han sido históricamente un instrumento para la consolidación de las dictaduras y esa afirmación es correcta respecto de ciertos países en determinadas circunstancias políticas, como por ejemplo la Alemania Nazi en la década del 30 del pasado siglo XX. Sin embargo no ocurrió en otros casos, por ejemplo las consultas populares realizadas en Francia durante el gobierno del Presidente De Gaulle en las décadas de los 50 y 60 del mismo siglo. Por lo tanto no cabe trazar de esos ejemplos una regla rígida de inexorable desenlace. ¿Por qué el Perú democrático de hoy tendría que involucionar hacia una dictadura bajo el comando del señor Vizcarra? No hay señales que nos lleven en esa dirección como tampoco puede afirmarse, como dicen algunos, que los resultados del referéndum son fraudulentos porque el gobierno y hasta algunos funcionarios de la ONPE alentaron las respuestas obtenidas el 9 de diciembre.
Creo que en estas circunstancias la opinión pública y los medios de comunicación deben mantener una actitud de persistente vigilancia para que la ciudadanía no sufra ningún abuso de autoridad. El gobierno y los demás poderes e instituciones del Estado deben ser respetados, pero sin tener una chequera en blanco que les permita hacer cualquier cosa en el manejo de la gestión estatal. Y esa actitud no solo vale para el Ejecutivo, sino también para la conducta de los fiscales y jueces cuando investiguen y juzguen a presuntos delincuentes, por los delitos que fueren, incluyendo a los de corrupción. No convirtamos en héroes a ningún inquisidor del siglo XXI así se desgarre las vestiduras en la persecución del delito. La justicia no debe terminar en venganza.
