El excanciller Luis Gonzales Posada demandó al Gobierno denunciar a los integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) por no investigar la denuncia presentada por seis gobiernos latinoamericanos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien acusan de cometer crímenes de lesa humanidad.
En diálogo con La Razón, el exministro señaló que existe «comprobada complicidad» de la CPI con el régimen chavista.
– ¿En qué sustenta su acusación?
En un conjunto de hechos concretos, de suma gravedad, porque el año 2018 el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Canadá y Paraguay hicieron ese pedido. Han pasado siete años y la CPI no se ha pronunciado y en ese largo tiempo transcurrido han aumentado las violaciones a los derechos humanos en el país llanero. Esos actos delictivos están registrados en informes de la OEA, de la Comunidad Europea y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
– También han formulado una solicitud parecida varios expresidentes
Exactamente. El 2021, 31 exjefes de Estado del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) hicieron un requerimiento similar y hasta hoy no recibe respuesta.
– ¿Qué mandatarios firmaron esa petición?
Políticos de mucho prestigio como los exjefes de gobierno de España, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los expresidentes Mauricio Macri de Argentina, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia. Todos verdaderos pesos pesados de la democracia
– ¿Piensa que hay complicidad?
No tengo la menor duda. No sólo por el tiempo transcurrido sino porque existe una comprobada vinculación política entre Caracas y la CPI. El jefe de los fiscales de la CPI es Karim Ahmad Khan, quien ha visitado varias veces Venezuela y está fotografiado sonriente, muy contento, con su investigado, Nicolás Maduro.
– ¿Qué se debe hacer?
Denunciar ese contubernio que también afecta a compatriotas nuestros. Recordemos que hay tres de ellos secuestrados. No sabemos si están vivos, muertos o en una cárcel.
Todos fueron detenidos por la policía bolivariana, por sujetos encapuchados y fuertemente armados. Sin embargo, Caracas no informa de sus paraderos a pesar de varios pedidos de nuestra Cancillería a través del gobierno de Brasil, que nos representa al igual que hace con Argentina
– ¿Quiénes son los peruanos?
Son Renzo Huamanchumo Castillo, detenido el 22 de septiembre de 2024; Aurelio Meléndez Guerrero, detenido el 24 de octubre, y Marco Madrid Martínez, detenido desde el 19 de diciembre del mismo año. Posiblemente haya más. Han sido acusados de terrorismo y de intentar asesinar a Maduro, sin ninguna prueba.
– Una jueza peruana integra la CPI …
Así es. Se trata de la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, primera vicepresidenta de la CPI para el periodo 2021-2024. Esa jueza es corresponsable de la complicidad de la Corte con el sátrapa chavista y también de lo que le suceda a nuestros compatriotas detenidos. Los medios de prensa deben ubicarla para pedirle explicaciones de su conducta.
– ¿Por qué el silencio?
Yo imagino que callan porque se sienten muy cómodos en su cargo, por los altos sueldos que perciben. El presidente, por ejemplo, gana 200 mil euros al año, más automóvil, chofer, asistentes, seguro médico internacional, cobertura de hoteles y una suculenta pensión de jubilación. Una verdadera fortuna que también se extiende a un subsidio por la educación de sus hijos.
– ¿Debería darse un ultimátum a la CPI?
Claro y de no obtener respuesta el camino debe ser denunciarlos ante las comisiones de derechos humanos de la ONU, OEA y de la Comunidad Europea. Si tampoco hay respuesta deberíamos retirarnos de la CPI.
