Ministro de Justicia debe dar explicaciones sobre las visitas irregulares advierte Luis Lamas Puccio

 

Valeria Ponce

El reconocido abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestiona las reiteradas visitas nocturnas de congresistas de Juntos por el Perú al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Advierte que estos ingresos, amparados en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, se estarían utilizando con fines proselitistas y exige al Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, establecer mecanismos de control inmediatos.

 

—¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de las reuniones que sostienen los congresistas de Juntos por el Perú con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo?

Se realizan con fines proselitistas, con fines ideológicos, con fines partidarios. Hay una estrecha vinculación e intercomunicación entre los partidos políticos y las personas que se encuentran privadas de la libertad. Por otro lado, si bien es cierto que bajo ciertas circunstancias se puede permitir la presencia de una persona dentro de un centro carcelario, estas reuniones tienen que ser objeto de control, de vigilancia y de grabación. Porque, evidentemente, una persona que está privada de su libertad por razones de seguridad carcelaria no puede estar en permanente contacto con cualquier persona, con los medios de comunicación o con grabaciones, porque eso desestabiliza el sistema carcelario y, en alguna medida, también atenta contra el sentido mismo de la privación de la libertad, en cuanto a la seguridad y el resguardo del centro penitenciario.

 

—¿Por qué considera que hasta ahora no se ha establecido ningún control sobre este tipo de visitas?

Ahí hay un evidente descontrol, hay un desorden total, y la autoridad penitenciaria y el Ministerio de Justicia no han hecho nada al respecto. Por eso creo que el Ministro de Justicia debería establecer mecanismos de control para que las visitas se hagan solamente bajo determinadas circunstancias y, además, que sean vigiladas, controladas y grabadas, para evitar la utilización de las prerrogativas parlamentarias en función de la privación de la libertad. Porque, evidentemente, se está utilizando la prisión preventiva de Pedro Castillo Terrones con fines proselitistas, como si estuvieran en campaña política, y eso es desnaturalizar todo el sentido y el principio del sistema carcelario. El Ministro de Justicia tiene que salir a dar explicaciones.

 

— El artículo 33 del reglamento del Código de Ejecución Penal permite a los congresistas ingresar a los penales cualquier día y a cualquier hora. ¿Este ingreso debería estar condicionado a una labor específica, o tal como está redactado se debe permitir entrar sin ninguna restricción?

Eso debería ser modificado. Un centro carcelario tiene una serie de restricciones porque es un tema de privación de la libertad, y no puede ser objeto de que cualquier persona, por más importante que sea su cargo, pueda ingresar a un penal. Eso afecta la seguridad del sistema carcelario. Creo que quien debe poner las cosas en claro es el Ministro de Justicia, porque el INPE depende del Ministerio de Justicia, y este debería reglamentar de qué manera y bajo qué circunstancias una persona puede ingresar a un centro carcelario, como sucede con los presos comunes. Entonces, aquí hay una fórmula encubierta de discriminación, porque se supone que todos somos iguales frente a la ley, y el hecho de tener un estatus de congresista de ninguna manera implica violentar principios de carácter constitucional. Por otro lado, estas visitas no se hacen con fines asistenciales.

 

—Según registros difundidos, José Mercedes Castillo Terrones ha ingresado al penal en al menos tres fechas distintas, el 29 de julio, y el 4 y 5 de agosto, portando incluso tápers de comida. Además, Jennifer Paredes fue captada agachándose dentro del vehículo para evitar ser grabada. ¿Qué opina de estos hechos?

Eso debería ser objeto de intervención del Ministerio Público. El INPE tiene que poner esos hechos en conocimiento del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia tiene que salir, dar la cara y explicar qué es lo que está sucediendo y cuáles van a ser los mecanismos y las medidas que se van a tomar sobre el particular.

 

—¿Cree que los principales implicados en este caso son únicamente los congresistas, o podría haber otras personas involucradas?

Eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario. Creo que el ministro tiene que salir a hacer una aclaración.

 

—Más allá de los videos e informes ¿qué otro tipo de prueba considera que podría ser relevante en este caso?

Está generando implicancias políticas que ponen en una situación de grave riesgo el sistema carcelario.