Por: Pablo Carranza
– ¿Qué observaciones tiene del trabajo de Germán Juárez Atoche en la Fiscalía y, en especial, en el caso de Susana Villarán?
Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la labor que se desarrolla en la Fiscalía es una labor de grupo, son un grupo de personas que interactúan oficiosamente como parte de un equipo, y que evidentemente dependen de un fiscal titular o de un fiscal superior, que son parte de la estructura de una Fiscalía especializada. Entonces, lo que debe quedar en claro es que cualquier tipo de objeción que se plantee contra la Fiscalía, si bien es cierto, en términos jurídicos, figura el nombre de un fiscal, en última instancia es la Fiscalía la que tiene que responder como institución que responde respecto a la forma y la manera como se desarrolla una investigación. El segundo tema es que, efectivamente, llama poderosamente la atención, el tiempo que viene durando esta indagación, que después se convirtió en investigación, que después se convirtió en acusación, y que se supone debe convertirse ahora en un juicio. Y, además, lo que llama poderosamente la atención es que las personas que están siendo procesadas están en libertad con ciertas restricciones, pero disfrutan de su libertad. El tercer tema es que se genera la impresión de que acá es una especie de demorar el mayor tiempo posible las investigaciones judiciales para que de esa manera se vayan diluyendo las responsabilidades penales con el paso del tiempo. Finalmente, a tomarse en cuenta es que, de acuerdo al nuevo código procesal penal, el fiscal es el actor más importante y protagónico de toda la investigación. De él depende en exclusividad si se apertura una indagación, si la indagación se convierte en una investigación, si la investigación se convierte en una acusación. Esa gestión es responsabilidad exclusiva del fiscal que está a cargo de la investigación, y en el caso que estamos analizando es realmente impresionante el tiempo que viene durando este proceso que ya son varios años y que es un caso emblemático de corrupción en el ejercicio de la función pública.
– ¿Se debe investigar el patrimonio de Germán Juárez como se hace con los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela?
Yo creo que todos los funcionarios públicos deben hacerlo, con mayor razón si son fiscales que están pendientes y al tanto de una investigación para poder verificar si es compatible lo que declaran en sus declaraciones formales ante la institución, ante los órganos supervisores, y el patrimonio del que disponen. Si surgiera alguna incompatibilidad entre lo que se ha declarado y lo que se ha descubierto, por supuesto que eso debe motivar una investigación, pero partiendo de esa premisa, no solamente por el hecho del cuestionamiento en general que existe respecto a la investigación de la señora Villarán y otras personas.
– ¿Por qué cree usted que se demora tanto el caso de Villarán?
Creo que los juicios por corrupción política tienen la peculiaridad de que demoran más tiempo del establecido en las leyes. En ningún país del mundo un caso por corrupción puede durar tanto tiempo como dura acá en Perú. Y esos casos de corrupción tienen la peculiaridad no solamente que demoran años hasta que se resuelven sino que los investigados están en libertad, incluso alguno de ellos está haciendo actividades políticas, tienen partidos políticos, tienen aspiraciones políticas, han cumplido labores políticas, y utilizan la política para poder autoprotegerse, encubrirse, y lograr que estos hechos queden impunes.
– ¿Usted cree que alguna autoridad superior debería verificar el caso del fiscal Juárez Atoche?
Bueno, en principio debería ser la misma Fiscalía de la Nación porque los fiscales dependen de una jerarquía. Tienen órganos de control interno. Ellos son los primeros llamados a investigar por qué han demorado tanto estos procesos y si ha habido alguna actitud que ameritaría una investigación por parte de los fiscales que están a cargo de estas investigaciones. Si surgieran hechos que ya escapan a la responsabilidad administrativa funcional, deben tomar las decisiones que correspondan. Pero para que la Junta Nacional de Justicia intervenga, tendría alguien que formalizar una denuncia ante esa entidad.
