Fiscal politizada lo acusa por hechos ocurridos en 1992 y usando figura que no existía en esa época, señala abogado Luis Pacheco Mandujano

 

VALERIA PONCE

El abogado penalista Luis Alberto Pacheco Mandujano cuestiona la nueva acusación fiscal contra el general EP en retiro Juan Rivero Lazo por hechos ocurridos en 1992, y señala que detrás del proceso existe una persecución política impulsada por la izquierda caviar para afectar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas que vencieron al terrorismo.

 

– ¿Considera que existe algún componente político detrás de esta nueva acusación fiscal?

El componente político está a lo largo de toda la investigación desde que se inició, en el año 2001, porque cuando Alberto Fujimori se fuga del país, de la manera como la recordamos, asume Alejandro Toledo y se instala la «república caviar», y empieza entonces una serie de operaciones políticas disfrazadas de legalidad y de procedimientos judiciales destinados a destruir la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Una de esas formas de demolición de las Fuerzas Armadas pasa justamente por la persecución de militares que participaron en la lucha contra los asesinos de Sendero Luminoso y del MRTA, que paralelamente eran liberados a través de indultos y de variaciones y conmutaciones de pena. ¿Quién ha estado detrás de todo este proceso político desde el año 2001 hasta el día de hoy? Precisamente las ONG supuestamente defensoras de derechos humanos, que nunca defendieron derechos humanos, sino que se dedicaron a defender a terroristas, y que en realidad han funcionado como partidos políticos, de donde han salido quienes integraron la Comisión de la Verdad […]

La señora Sofía Macher, antes de ser miembro de la Comisión de la Verdad, era presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El señor Enrique Bernales era miembro de la Comisión Andina de Juristas, la ONG del señor Diego García Sayán, quien fue ministro de Justicia con Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y se encargó de dar los indultos y gracias presidenciales a todos los terroristas que liberaron en esos años. Todo este proceso político disfrazado de legalidad y de judicialización, auspiciado además por los medios de comunicación que se pusieron al servicio de esta operación política de largo aliento, logró presentar a quienes en realidad son héroes de la patria como si fueran criminales, mientras los terroristas han salido a la calle y encima siguen cobrando indemnizaciones […]

 

– ¿Qué reflexión le deja este caso sobre los plazos que debería tener la justicia peruana para investigar y sentenciar?

El problema no se encuentra en el campo de las leyes solamente. Hay normas jurídicas que regulan los procesos judiciales que sin duda tienen que ser revisadas y eventualmente mejoradas. Por ejemplo, no puede ser posible que una investigación dure 19 años, eso viola absolutamente el principio del plazo razonable. Una investigación tiene que durar como máximo tres años; de ahí vendría la acusación y de ahí el juicio. Pero en ningún caso puede demorar 19 años. Felizmente ya no está en vigencia el Código de Procedimientos Penales, porque ahora está vigente el Código Procesal Penal, pero aun así, con interpretaciones malabaristas como las que hizo César San Martín en la Corte Suprema, se ha permitido que las investigaciones por casos complejos demoren hasta 12 años en conjunto. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y ojo que eso no lo dice la ley, sino la interpretación jurisprudencial.

Tampoco puede ser posible que el fiscal, al terminar la investigación, se demore nueve años para formular la acusación. La ley es clarísima: culminada la investigación, el fiscal tiene dos caminos, o solicita el archivo del caso porque no ha encontrado pruebas, o formula acusación para pasar a juicio. La ley lamentablemente no establece un plazo específico para ese paso, pero evidentemente no puede demorar nueve años. El fiscal, que es garante de la legalidad por mandato del artículo 1 de su ley orgánica, debe tener sensatez: como máximo, demorarse dos meses.

Entonces no es solamente un tema de leyes, sino también un tema de personas: de formación profesional de quienes asumen la condición de jueces y fiscales del Ministerio Público. Y a eso hay que agregar el gravísimo peligro que hemos sufrido en estos años: que no existen barreras que impidan una penetración política externa que llegue a controlar decisional y políticamente al Poder Judicial y al Ministerio Público. Eso es lo que han hecho las ONG comunistas durante estos años: primero, adoctrinando e ideologizando a jueces y fiscales; y segundo, metiendo a su propia gente en cargos específicos, hasta llegar a tener control sobre ellos, como en el caso de Gorriti sobre Pablo Sánchez, o sobre los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez.

La reforma tiene que ser absolutamente integral. No es solamente cuestión de comprar camionetas, computadoras o mejores oficinas: tiene que pasar por la formación profesional, evitar que ingrese la política y cerrarle definitivamente las puertas a la posibilidad de que se tome el control de jueces y fiscales, como ha ocurrido con la política comunista a través de las ONG, cuyo máximo representante ha sido Gustavo Gorriti. ¿Y qué tal si en los siguientes años entra a gobernar desde fuera una organización de narcotraficantes? El comportamiento que ha demostrado la señora Quico, fiscal que formuló esta acusación nueve años después de terminada la investigación, ha merecido que el congresista Rospigliosi le formule una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, primero por la inconducta que representa esa demora, que es impresionante y no tiene ninguna justificación; y además porque la señora Quico acusa tanto al general Rivero Lazo como a los demás coacusados por delitos que hasta el día de hoy no existen en el Perú: los delitos de lesa humanidad.

 

– ¿En qué se sustenta esa acusación por delitos de lesa humanidad, si esa figura no existía en 1992?

Para poder lograr esa barbaridad, lo que hacen es construir una pseudoargumentación llena de páginas que demuestran una enorme capacidad de equilibrismo jurídico, pero que en esencia violan el principio de legalidad. Ese principio es clarísimo: nadie puede ser procesado por hechos que, al momento de su realización, no estaban tipificados en la ley como delito, y la pregunta es: ¿en el año 92 existían los delitos de lesa humanidad? No. Así que se pueden escribir diez mil páginas, pero si no está tipificado como delito lo que se dice que es delito, entonces no lo es. Por eso la denuncia está muy bien planteada, y espero sinceramente que la Junta Nacional de Justicia, que, gracias a Dios, hoy no tiene control político de nadie, a diferencia de la conformación anterior, que sí estaba bajo el control político caviar, le abra el proceso disciplinario a la señora Quico por violar el principio de legalidad que, como fiscal del Ministerio Público, juró defender, conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lo que merece es la destitución. Estoy totalmente de acuerdo con esa denuncia.

 

– ¿Cómo responde a quienes señalan que esta denuncia del congresista Rospigliosi responde a una motivación política?

Que salgan a gritar y digan que hay presión política, más allá de que el señor Rospigliosi sea congresista de la República y miembro militante del partido de gobierno, lo cierto es que él es el único que ha tenido los pantalones bien puestos para enfrentarse a todo este aparato mafioso «caviar», que con millones de dólares ha solventado sus campañas mediáticas y políticas, y por eso se le tenía tanto miedo, nadie se atrevía a levantar la voz en su contra porque inmediatamente soltaban a sus perros mediáticos para hacerlos leña. Rospigliosi, saltando ese temor, se ha dedicado a enfrentar a toda esa organización, y por eso recibe los ataques que recibe.

Yo no soy fujimorista, no tengo militancia fujimorista ni la tendría, pero tengo mi total y absoluto respeto al congresista Rospigliosi por la valentía que ha demostrado, sobre todo por defender a quienes son héroes de la patria y que lamentablemente fueron enviados por el Estado a defendernos de los asesinos que en los años 80 quisieron acabar con el Estado de Derecho en el Perú e instalar una república comunista, y luego el Estado les dio la espalda, y no solo eso, sino que a través de sus operadores judiciales los mandó a la cárcel. Así que apoyo totalmente al congresista Rospigliosi.

 

– ¿En qué consiste la nueva acusación fiscal contra el general Rivero Lazo por los hechos de 1992?

Esta acusación es por el caso que se sigue por una supuesta intervención de miembros del Ejército vinculados al grupo Colina, que secuestraron a una familia de apellido Ventosilla y la ejecutaron, con los delitos de secuestro y asesinato. Ese es el caso conocido. No es una acusación nueva, sino retrasada: recién están acusando después de que la investigación terminó hace más de siete años. ¿Cómo es posible que una investigación judicial concluya y, siete años después, recién se formule la acusación? Eso no tiene respaldo legal. El Código de Procedimientos Penales, vigente en ese entonces, establece que al terminar la instrucción, hoy llamada investigación, el fiscal tiene el deber de formular un requerimiento de archivamiento o uno acusatorio. En cualquier caso, debe hacerlo de inmediato; no puede terminar la investigación y «meterla en el refrigerador» durante siete años para sacarla cuando le convenga. Ese hecho es absolutamente inmoral y una falta de respeto al principio de legalidad que el propio fiscal, por mandato del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, está obligado a respetar y hacer respetar.

A esos siete años de retraso hay que sumarle los años de investigación previos: iniciada en 2001 y concluida en 2019, son 19 años de investigación, lo cual no es admisible en ningún país. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ninguna persona puede ser sometida a una investigación que supere los cuatro o cinco años como máximo. Entonces cabe preguntarse si estamos ante una actuación realmente legal, o más bien ante una de las tantas operaciones políticas que se disfrazan de procesos judiciales para atacar a la institución del Ejército, utilizando como chivos expiatorios a determinados exoficiales, en este caso, al general Juan Rivero Lazo.