Nicolás Maduro prometió aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.
Dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.
“Estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país, tanto de civiles que participan pasivamente de las manifestaciones como de políticos o testigos de los centros de votación del domingo.
Estas personas serán recluidas en dos centros penitenciarios de máxima seguridad que, en 2023, fueron intervenidos por las autoridades luego de haberse convertido en centros de operaciones de bandas criminales, con lujos de todo tipo.
“Estoy preparando dos cárceles que estarán listas en 15 días… ya estaban reparándose. Tocorón y Tocuyito. Todos los ‘guarimberos’ van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, prometió.
Según los balances de diversas ONG independientes, entre los detenidos arbitrariamente hay 74 adolescentes. Agregan que todos los detenidos están incomunicados, privados de una legítima defensa y hasta sometidos a torturas.
Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular, fue uno de los nombres que más se difundió en los últimos días, luego de que oficiales encapuchados del régimen lo secuestraran el martes por la mañana.
A raíz de esta avalancha de denuncias y videos compartidos por la gente, un grupo de ocho organizaciones humanitarias difundieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre “el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas” y exigieron “respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”, a la par que instaron a las autoridades a “que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.
