Antonio Maldonado, abogado y exprocurador, advierte peligros a la iniciativa de la parlamentaria Katy Ugarte, quien busca ampliar el delito de perjurio.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, consideró que el proyecto de ley que busca ampliar el delito de perjuicio y castigarlo con ocho años de prisión, es una iniciativa a fin de “generar espacios de impunidad”. Ante ello, aduce que es parte de una serie de medidas del Congreso de la República, para favorecer intereses particulares contrarios a la democracia.
Asimismo, al ser consultado por el proyecto que busca castigarlo por hasta Ocho años de prisión, indicó que es innecesario, y que cuenta con un propósito intimidatorio, de “obstruir la acción de la justicia mediante amenazas a través de la norma sobre testimonios u otras fuentes para hallar la verdad en investigación de un hecho muy grave. Todo esto un contexto de avasallamiento de la legalidad y el estado de derecho por parte del Congreso y del Gobierno”.
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Tras su respuesta, también fue consultado por el argumento de que quienes mientan ante la justicia, deben ser sancionados e indicó que “Ya está suficientemente establecido como conducta prohibida y con sanción. Esa aseveración es de perogrullo, no conduce a nada ni justifica una iniciativa legislativa. En vez de perder tiempo, los congresistas deberían preocuparse por lo importante. Pero ya estaríamos contentos si no hicieran nada, porque cuando hacen algo erosionan o intentan erosionar el estado de derecho”.
“Esta iniciativa sigue un propósito doloso, intimidatorio, dirigido a amenazar a quienes brinden testimonios en comisiones del Congreso y otras entidades. Hay una garantía constitucional de prohibición de la incriminación: un testigo o procesado puede no dar una declaración que considere lesiva a su condición jurídica”, precisó Maldonado.
En esa línea, indicó que se afectaría a la lucha anticorrupción de manera significativa, debido a que debilita mecanismos “dirigidos a dar instrumentos adecuados al Ministerio Público, a los jueces para dar sentencias de condena”. “Generaría mecanismos en que testigos posibles o cualquiera con información relevante que brindar se sintieran coactados y limitados de confesarla por el temor de que fueran pasibles de persecuciones penales arbitrarias sin fundamento jurídico bajo términos de un derecho penal democrático”, concluyó.
