Alberto Huerta
La manipulación de precios en el sector eléctrico no solo está perjudicando a los usuarios, sino también el Estado y los fondos de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), señaló el excongresista Jaime Delgado.
El Estado peruano es dueño de cinco empresas de generación eléctrica (hidroeléctricas), las cuales representan aproximadamente el 25% de la potencia instalada en este sector: Electro Perú, Egasa, San Gabán, Egesur, y Egasa.
Por un mandato bastante cuestionado PROINVERSION obligó a Electroperú a comprometerse a la compra de energía a nuevas generadoras (Kallpa -Cerro del Águila) y Odebretch (Chaglla) por 484 MW de Potencia a un precio de 60 USD/MWh para luego vendérselo a Distriluz (empresas distribuidoras del Estado), pero como estas se encuentran contratadas, Electroperú termina vendiendo parte de esta energía en el Mercado SPOT a menos de 10 USD/MWh, ocasionando un perjuicio a esta empresa, según los estados Financiero Auditados del 2017 de 290 millones de soles.
“Este es un perjuicio no solo para Electroperú, sino para los jubilados, ya que de acuerdo a ley, las utilidades de dicha empresa son entregadas a la ONP para el pago de pensiones”, señaló Delgado, conocido por su labor en defensa del consumidor.
