Conversaciones de WhatsApp revelarían cómo se orquestó conspiración contra empresario Walton Mery por una disputa societaria

El archivo definitivo de la denuncia por corrupción, que según PANORAMA (tal como informamos en nuestra nota “La farsa del espionaje: ¿seguridad nacional o instrumentalización del Estado?” de fecha 19 de febrero del 2026) supuestamente era contra Puma Air (Exp. 439-2024), marca el colapso de esta narrativa, la cual fue secundada por fábulas de espionaje que recién fueron denunciadas anónimamente posteriormente a dicho reportaje de julio del 2025.

En forma exclusiva, La Razón ha tenido acceso a comunicaciones que han salido a la luz y que destapan un comportamiento delictivo de quienes estaban detrás de esta conspiración: los directivos de la empresa Servicios Aéreos de los Andes, quienes actualmente enfrentan diversas investigaciones penales en fase preparatoria, así como una sanción de 37.8 UIT impuesta por la DGAC a su empresa por falsificación de documentos.

DE ACUSADORES A IMPUTADOS: JUSTICIA INVIERTE LOS PAPELES

Dichas comunicaciones demostrarían una estrategia de hostigamiento judicial iniciada por la cúpula de Servicios Aéreos de los Andes (Andes SAC) hace año y medio, tanto contra el fundador y aun socio de dicha empresa Walton Mery, como contra la empresa Puma Air SAC, con quien Walton mantiene una relación de estrategia comercial. Sin embargo, este destape transparenta el origen e intención de estas denuncias.

Asimismo, tras el archivo definitivo del Expediente 439-2024 —una denuncia anónima por presunta corrupción que no resistió el menor análisis fiscal—, la realidad procesal ha dado un giro de 180 grados. Hoy, no es Puma Air la que está bajo la lupa de la evidencia, sino los directivos de Andes SAC, Francisco Palacios Chopitea y Carlos Augusto Dammert Marcos, quienes ya enfrentan dos procesos penales en etapa de Investigación Preparatoria Formalizada por delitos que van desde la administración fraudulenta hasta la falsedad genérica.

«ANTECEDENTE FACTO»: ANDES SAC y LA CULTURA DE LA FALSIFICACIÓN

Antes y durante el ruido mediático por el «espía chileno», la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ya venía investigando a la empresa Andes por la falsificación de documentos, emitiendo posteriormente un veredicto técnico sobre el proceder de dicha empresa. Mediante la Resolución Directoral 0762-2025-MTC/12, la autoridad impuso una multa de 37.8 UIT (S/ 202,230) a Andes SAC tras acreditarse que la compañía presentó documentación falsificada referente a sus pilotos instructor.

– El hallazgo: Se detectaron firmas digitales de instructores extranjeros insertadas fraudulentamente en registros de entrenamiento que nunca ocurrieron.

– La Relevancia: Aunque la sanción es administrativa y recae sobre la empresa, constituye un antecedente fáctico demoledor. Los mismos actores que hoy denuncian «riesgos a la seguridad» lideran una organización que ya fue captada alterando la verdad en registros oficiales de alta sensibilidad aeronáutica.

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FÁBRICA DE DENUNCIAS: «BUSCANDO UN PATRIOTA»

La Investigación Preparatoria (Caso 2629-2025) por Falsedad Genérica ha incorporado conversaciones de WhatsApp que desnudan la mecánica detrás del hostigamiento. Las comunicaciones revelan que las denuncias posteriores al reportaje de Panorama (julio 2025) fueron un encargo procesal coordinado desde el directorio de Andes, confirmándose que no hubo una preocupación genuina por la soberanía nacional, sino un diseño para, como lo indican, «destruir» a sus rivales:

– El «Patriota» de encargo: En los chats se admite con cinismo la necesidad de encontrar a alguien que, bajo apariencia de «ciudadano indignado», presente las denuncias para darles un barniz de legalidad.

– El objetivo real: Los mensajes no hablan de soberanía, sino de «sacar a Walton (Mery) de la sociedad» y «destruir» a la competencia para consolidar un monopolio mediante el uso abusivo de recursos fiscales y mediáticos.

CERCO JUDICIAL: DOS INVESTIGACIONES PREPARATORIAS

A diferencia de la carpeta de espionaje, que se mantiene en una etapa de «apertura preliminar» basada en un correo anónimo y un reportaje a todas luces sin sustento, los directivos de Andes SAC enfrentan la fase más severa de un proceso penal: la Investigación Preparatoria Formalizada.

– El caso Walton Mery (Caso 506014501-2024-3381): El socio fundador de Andes ha logrado que la fiscalía formalice cargos contra Palacios, Dammert y Regis por una batería de delitos graves: Administración Fraudulenta, Hurto Agravado, Apropiación Ilícita y Falsedad Genérica. Esta es la verdadera razón del hostigamiento: una maniobra de distracción para evitar las inminentes consecuencias penales de un desfalco patrimonial.

– El caso Puma Air (Caso 2629-2025): La empresa agraviada por la campaña de desprestigio también ha logrado la formalización de una investigación por Falsedad Genérica. Los chats de WhatsApp incorporados al expediente sugieren que la «alerta de espionaje» fue una noticia criminal fabricada para engañar a las autoridades y perjudicar la reputación de la competencia instrumentalizando la identidad de Walton Mery para neutralizar simultáneamente a su principal competidor comercial y a su fiscalizador societario.

FIN DEL «HUMO» DE CORRUPCIÓN

Es imperativo destacar que la primera carta que se jugó Andes SAC —la denuncia por corrupción contra los que resulten responsables y que se vendió como que era contra Puma Air— ya fue archivada definitivamente. El Ministerio Público determinó que no existía base alguna para investigar, lo que reduce este historial de hostigamiento a un último recurso: la fabricación de una supuesta alerta de inteligencia nacional, activada solo mediante un correo anónimo enviado tras el reportaje de Panorama.

SENTENCIA ÉTICA

La facilidad con la que se fabrican denuncias sin sustento para generar empuje mediático es el verdadero riesgo para la seguridad jurídica del Perú. Seguiremos informando sobre este caso, que ya trasciende la disputa comercial y apunta a una presunta organización dedicada al Tráfico de Influencias y la Corrupción de Funcionarios, utilizando a las instituciones del Estado como herramientas de una vendetta privada. La justicia debe determinar si permitirá que quienes falsifican documentos técnicos sigan usando instrumentos del Estado como escudo contra sus propios actuar criminal.

Esto es aún un preámbulo de todo lo que se ha venido tramando y confabulando. Las declaraciones testimoniales ante el fiscal Sánchez Valverde, citadas para marzo y abril de 2026, serán el momento en que los operadores de este esquema de organización expliquen su grado de responsabilidad e implicancia en este plan delictivo premeditadamente articulado.