María del Carmen Alva rechaza declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú
El golpe de Estado y posterior vacancia de Pedro Castillo provocó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, optara por comentar lo sucedido en el Perú. Este fue duramente criticado por su negativa a señalar al exjefe de Estado de haber cometido un delito al intentar disolver el Congreso y entre quienes han mostrado su disconformidad se encuentra la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
La integrante de la bancada de Acción Popular calificó de “sesgadas y ofensivas” las declaraciones de Petro en una reciente entrevista. El presidente de Colombia vinculó la salida de Castillo del poder a los orígenes del expresidente. Mencionó que en el Perú existe una fractura social que viene reforzándose desde hace años y que separa a aquellos que viven en Lima con los que habitan otras regiones.
“Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente [Gustavo] Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de [Pedro] Castillo, quien fue detenido en flagrancia por dar un golpe de Estado y cometer graves actos de corrupción”, fueron las palabras de María del Carmen Alva tras lo difundido por el mandatario sudamericano.
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Los exdefensores del Pueblo, Beatriz Merino, Walter Gutiérrez, Walter Alban y Eduardo Vega, firmaron un pronunciamiento para dar su respaldo a la institución para vigilar que se respeten los derechos humanos durante las protestas en el país contra el gobierno y el Congreso.
«Sin respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos no es posible construir la paz. La Defensoría del Pueblo y todos sus funcionarios merecen nuestro respaldo y el de todos los demócratas», se lee en un comunicado publicado por Beatriz Merino en su cuenta de Twitter.
Los exfuncionarios también señalaron que la Defensoría del Pueblo viene cumpliendo su función «con diligencia e integridad».
La defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, indicó este viernes que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Huamanga para que se investigue un presunto uso de armas de fuego contra las personas que participaron en manifestaciones en Ayacucho.
