Pero caviares insisten en culpar falsamente a militares y vuelven a enjuiciar a General EP (R) Juan Rivero Lazo sin pruebas, señala su Hija Marietta Rivero

 

VALERIA PONCE

La abogada Marietta Rivero Guillén, hija del general (r) Juan Rivero Lazo, sostiene que el nuevo juicio por el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca es una persecución judicial contra su padre. La Corte Suprema anuló la absolución dictada en octubre de 2023 y ordenó que se le juzgue otra vez ante un colegiado distinto. El tribunal supremo consideró que la primera sala no valoró de forma integral las pruebas. Rivero Lazo, de casi 85 años, salió libre en diciembre de 2024 por decisión del Tribunal Constitucional, tras cumplir injustamente 25 años de prisión por otros dos casos.

 

— La Corte Suprema anuló la absolución de 2023 y ordenó un nuevo juicio. ¿Qué opina de esa decisión?

Esta decisión se tomó recién este año, tres años después de que mi papá fue absuelto. El fiscal apeló la sentencia absolutoria de primera instancia y lo lógico era que la Corte Suprema confirmara la absolución, porque evidentemente no había ninguna prueba contra mi padre. Además, está plenamente probado que la muerte de Pedro Huilca fue obra de Sendero Luminoso, como es de público conocimiento. No solo los terroristas fueron reconocidos por la señora Huilca, que fue testigo presencial del crimen de su esposo en la puerta de su casa. Ella los reconoció cuando los capturaron. Los asesinos senderistas aceptaron su responsabilidad. El diario que tenía Sendero Luminoso en aquella época reivindicó la muerte de Pedro Huilca, porque lo consideraba un traidor. Recordemos que el señor Pedro Huilca, que hoy debería estar siendo reconocido porque se enfrentó a Sendero Luminoso, era un oponente de esa organización y atentaron más de una vez contra su vida. En el tercer o cuarto atentado recién logran asesinarlo, lamentablemente.

Sin embargo, estos terroristas fueron procesados, encarcelados y, ocho años después, la señora Huilca, captada por las ONG que se dedican a trastocar la verdad, decidió cambiar su versión y decir que ya no habían sido los terroristas los que mataron a su esposo, sino miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, responsabilizó al Estado peruano. Bastó esa declaración para que los terroristas salgan en libertad. O sea, la familia Huilca traicionó la memoria del señor Huilca y permitió que los criminales que mataron a su esposo salgan en libertad. Así empezó toda esta persecución. En esa época también, todas estas ONG y el sistema político, el gobierno de turno en ese momento, se fue a declarar a la Corte Interamericana culpable de este caso sin haber habido una investigación para hallar a los supuestos verdaderos responsables. Por eso la familia Huilca fue indemnizada con 250 mil dólares.

 

— Su padre demostró en el juicio que ya no era director de Inteligencia del Ejército cuando asesinaron a Pedro Huilca. Pese a eso, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio en su contra. ¿Por qué, entonces, sigue siendo procesado por este crimen?

En este proceso le incluyen ilegalmente a mi padre por ser director de inteligencia, únicamente por el puesto. Sin embargo, se probó en el juicio que cuando murió el señor Pedro Huilca mi padre ya no era director de inteligencia del Ejército. Todos estos argumentos, más lo que les estoy comentando, sirvieron para que haya una sentencia de absolución hacia mi padre y hacia todos los procesados que estaban junto con él. La Corte, tres años después, ha decidido anular todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Que cogió todos los 24 años de proceso, 7 años de juicio oral. Mi padre también pagó 72 meses de prisión preventiva por el caso Pedro Huilca. Todo eso lo ha agarrado la Corte Suprema y lo ha tirado al tacho de la basura, y ha decidido que se haga un nuevo juicio.

Eso quiere decir que acá no hay justicia sino persecución judicial. Por eso me da indignación. Me insulta a mí, insulta a mi familia, insulta a mi padre la presidenta del Poder Judicial cuando asevera que no hay una persecución judicial contra los militares que derrotaron el terrorismo, cuando es todo lo contrario y lo estoy constatando con pruebas. Esto no es justicia ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El caso Pedro Huilca lleva en la actualidad 24 años de procesamiento contra mi padre.

¿Cuándo va a acabar? Ahora tienen que empezar de cero nuevamente, con el agravante de que esta es la decisión de estos jueces: César San Martín Castro, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Jorge Salas Arenas, Elvia Barrios Alvarado, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Luz Vásquez Vargas, Edhin Campos Barranzuela, Sara del Pilar Maita Dorregaray. El agravante es que ellos saben de leyes, saben del respeto a la Constitución y saben que este caso ya prescribió. Es decir, la acción penal para este caso, por los años transcurridos, que son más de 30 porque esto ocurrió en el año 92, ya no se puede accionar. Lo único que debieron hacer es confirmar la absolución o archivar el proceso Pedro Huilca.

 

— ¿Cómo califica usted que una persona absuelta en primera instancia vuelve a ser juzgada?

Una ilegalidad. Esto es prevaricato, es un delito. Lo que los jueces están cometiendo es un crimen y así someten a mi padre a juicios eternos que no tienen cuándo acabar, poniéndole el título en el contexto de la lesa humanidad. Por eso, con ese argumento, no dejan que prescriba el caso. El Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, en la Ley 32107, ya aclararon de manera expresa desde cuándo se pueden perseguir delitos de lesa humanidad, y es a partir del 2002 en adelante. Hacerlo para atrás es violar el principio de legalidad y es cometer un delito. Lo que ellos están haciendo es un acto delictivo y tienen que ser sancionados por la Junta Nacional de Justicia y procesados penalmente, porque eso tiene pena de cárcel, lo que están cometiendo con mi padre.

 

— ¿Quién cree usted que está detrás de los procesos contra militares como su padre y con qué objetivo?

Esto está articulado desde la cabeza, que es Abimael Guzmán, que planificó llevar a prisión y someter a este tipo de enjuiciamiento a los militares desde la base naval del Callao, junto con el asesor de García Sayán, Javier Ciurlizza. Esto es en el año 2001, cuando García Sayán era ministro de Justicia. Planificó junto con Abimael Guzmán y su asesor Ciurlizza, que están en los audios de la base naval, cuando conversaba este asesor con Abimael Guzmán. Esa es una estrategia de venganza de Abimael Guzmán para someter a los militares que lo derrotaron y que acabaron con el terrorismo. Lo más triste de esto es que las autoridades y agentes políticos se han prestado para perseguir de esta manera a los militares.

Los militares no piden impunidad ni que no sean juzgados, porque si hay hechos que hay que investigar, si es que ha habido excesos o abusos o crímenes, tienen que ser sancionados. Pero el sometimiento a juicios ilegales sin debido proceso, sin plazos razonables. ¿Me puede decir la doctora Tello, presidenta del Poder Judicial, que un ser humano puede estar sometido a juicios durante 25, 30, 40 años sin que termine un proceso legal? ¿Me puede decir ella que es legal que un ser humano haya sido sometido 12 años y medio a prisión preventiva sin sentencia, como fue el caso de mi padre, que es un caso único en el mundo, que un ser humano pagó tantos años una prisión preventiva, 25 años de carcelería? El Tribunal Constitucional declaró que lo que habían hecho con mi padre era una violación a sus derechos humanos.

Él había podido recuperar su libertad hace más de ocho años y, con artimañas judiciales como estas, lo dejaron en prisión. O sea, en realidad mi padre estuvo secuestrado por la justicia, porque su prisión era ilegal, como lo comprobó y así lo determinó el TC. Sin embargo, los otros procesos, los que como este ya lo habían absuelto, ahora lo anulan y lo quieren volver a juzgar. Hay otros dos procesos que tienen más de 25 años de procesamiento, otros que ni siquiera terminan, ni siquiera han llegado a juicio oral. Esto es increíble.

 

— Su padre ya cumplió 25 años de prisión y fue liberado por el TC. ¿Qué significa para él y para ustedes que, a más de 30 años de los hechos, tenga que sentarse otra vez en el banquillo?

Mi padre, con casi 85 años de edad, tiene que seguir sometido a juicios eternos. ¿Con qué recursos cree usted que un ser humano puede sostener una defensa legal más de 25 años consecutivos? Dígame, ¿qué ser humano puede sostener? Más aún, un oficial de la patria que luchó por la pacificación del país, con una carrera brillante, impecable, intachable. Mi padre no tiene un solo juicio de enriquecimiento ilícito.

Es reconocido hasta el día de hoy por su institución, por su integridad y a nivel de inteligencia, porque fue uno de los grandes gestores para la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA. Así es reconocido mi padre el día de hoy en el Ejército peruano, a nivel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso se lo puedo comprobar hablando con cualquier miembro de la institución o con el personal de la policía, de la Dincote, que lo reconocen hasta el día de hoy. Ese es el precio por haber derrotado el terrorismo.

 

— ¿Qué papel cumplen las ONG y algunos jueces en este proceso?

Hay toda una ideología senderista, de la mano con las ONG, jueces captados que son direccionados y capacitados por el IDL, APRODEH, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos ellos con una misma ideología y objetivo, que es hacer llorar a los militares que derrotaron el terrorismo. Eso es lo que mi padre está pagando. Detrás de eso hay una ideología perversa, porque esto no es justicia ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

 

— ¿Qué tendría que ocurrir concretamente para que el caso se cierre definitivamente?

Lo que corresponde en este momento es que este proceso sea archivado. Mi padre, junto con el doctor Pacheco Mandujano, ya han presentado un hábeas corpus que esperamos que, apenas llegue a un juez constitucional que tenga el valor y, sobre todo, que sea apegado al derecho y a la Constitución, anule todo el proceso Pedro Huilca. Ya tenemos un hábeas corpus presentado en caso de que el Poder Judicial, como trabajan parametrados en la ilegalidad y por órdenes de la misma presidenta del Poder Judicial, porque yo sí acuso directamente a ella. Ella ha ordenado a los jueces que incumplan la Ley 32107, la que habla de los alcances de los crímenes de lesa humanidad. Ella expresamente les ha dicho a los jueces que no la cumplan.

Una presidenta del Poder Judicial diciéndole a sus jueces que incumplan una ley declarada constitucional. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Si, en el caso del Poder Judicial, los jueces constitucionales no nos dan la razón en el hábeas corpus para que anulen de una vez este caso, esto tendría que ser determinado ya por el Tribunal Constitucional, donde ellos mismos han determinado los alcances de los crímenes de lesa humanidad, porque con ponerle el título de que es un crimen de lesa humanidad, se mantiene un caso prescrito. Sin embargo, ese mismo grupo de jueces que he mencionado antes, que actúan de esta manera, han prescrito innumerables casos a terroristas: comités de aniquilamiento sanguinarios, con crímenes probados, pequeñas autoridades de poblados que actuaron, senderistas, de una manera sanguinaria, no los pudieron juzgar porque llegó a manos de César San Martín Castro, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Jorge Salas Arenas, y dijeron: “Ah, sí, efectivamente, esto es un crimen atroz, pero la acción penal ya prescribió, lo siento, pero ya no los puedo juzgar”.

 

— ¿Quién se beneficia económicamente de los juicios contra militares y de qué manera?

Las ONG se han dedicado a liberar terroristas, a indemnizarlos, terroristas convictos y confesos, sanguinarios; los han dejado salir antes del tiempo de prisión, condonándoles la condena, rebajándoles la condena, indultándolos. Entonces, esto es más que evidente: es una estrategia en la que, lamentablemente, hay autoridades de por medio, ONG que son proterroristas y odiadores de militares, y son gente carroñera que lo único que quiere es enriquecerse enjuiciando a militares para tener indemnizaciones del Estado peruano. No solamente con las indemnizaciones se enriquecen las ONG, con esto becan y mandan a los jueces a capacitaciones afuera del país, y luego ellos se constituyen como parte civil en los juicios, y además estas ONG reciben cientos de millones de dólares de fondos de apoyo internacional. Entonces, este es un negocio. Un negocio, una venganza política y un acto totalmente perverso contra nuestros héroes que pacificaron el país. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

 

— Usted dice que el IDL quería que su padre muriera preso. ¿Qué cree que buscan con este nuevo juicio?

En ninguna parte del mundo se juzga a un ser humano como se está juzgando a mi padre. Ya recuperó su libertad después de 25 años. ¿Qué quieren hacer con él? Que regrese a una prisión y que muera ahí, como nos lo juró el IDL cuando lo chantajeó para que mi padre, en prisión, declare en contra de Fujimori, y que él acepte que había habido una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos, lo cual era una patraña y una mentira. Mi padre no se prestó y dijo que él no podría sostener una mentira tan grande como esa, porque la estrategia de combate al terrorismo no fue eso, sino todo lo contrario: fue estar de la mano de la población, y por eso es que se logra, con la población y las Fuerzas Armadas, vencer al terrorismo finalmente.

Las Fuerzas Armadas no fueron a acribillar a los pobladores, fueron a defenderlos. Que haya habido hechos aislados de errores es el 0,001% de todos los logros que hicieron las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, y esto se lo digo con datos estadísticos, porque ha habido más de 2 millones de operaciones militares contra el terrorismo y los hechos aislados son la mínima parte. Entonces, no se puede hablar de que hubo una política de exterminio cuando es una patraña. Todo esto ha sido estructurado para perseguir a los militares, como fue la directiva de Abimael Guzmán desde la base naval.

 

— Su padre tiene casi 85 años. ¿Cómo está su salud y cómo ha tomado la noticia del nuevo juicio?

Mi padre está con la salud resquebrajada, cada cierto tiempo es internado, tiene problemas ya bronquiales, renales. Entonces no vive en paz, ni siquiera cumplió dos años en libertad, y no puede tener una vida tranquila y en paz. Mi padre no es el único oficial que está viviendo este calvario, son miles de militares que están siendo perseguidos de esta misma manera, con juicios eternos. Hay gente que está en la clandestinidad, hay gente que está muriendo en la clandestinidad porque no pueden atenderse en el hospital militar, porque tienen miedo a ser llevados a prisión para ser sometidos al calvario que ha vivido mi padre. Tienen terror de eso. ¿Y qué pasa? Mueren en la clandestinidad sin una atención médica, porque los capturan en el mismo hospital militar y se los llevan a prisión para no salir nunca más.

 

— ¿Qué reclama usted a las autoridades ante la falta de justicia para su padre?

Esto no es justicia. Nosotros, como peruanos, y acá invoco a la presidenta de la República, que yo sé que ella está defendiendo a las Fuerzas Armadas, estos militares, lejos de estar siendo perseguidos, deberían estar siendo reconocidos en homenajes públicos, como lo hacen en Estados Unidos y en otros países con sus veteranos de guerra, con los que pacificaron nuestra patria. Por otro lado, hago un llamado, por favor, y una invocación importantísima a la Junta Nacional de Justicia. Tienen denuncias contra varios de estos jueces y fiscales prevaricadores para que sean sancionados y destituidos, y también hay acciones penales en Fiscalía contra estos jueces para que sean apresados y mandados a prisión por el delito de prevaricato. Aquí estamos hablando de que son jueces que están cometiendo crímenes.

Esto no es poca cosa. Están violando la ley y la Constitución, violando los derechos humanos, violando el debido proceso abiertamente y sin ningún reparo. Y por orden de la presidenta del Poder Judicial, y lo digo textualmente porque ha ordenado que no se cumpla la Ley 32107, que es una ley constitucional.