Debe ser sancionada ya que acusa sin pruebas a militar retirado en un caso prescrito, señala

VALERIA PONCE

Marietta Rivero denunció que la fiscal Rosario Quico Palomino impulsa una ilegal persecución judicial contra su padre, el general EP en retiro Juan Rivero Lazo, al inaplicar la Ley 32107 y acusarlo sin pruebas después de 24 años de procesamiento en un caso que ya está prescrito. Exige justicia y que se adopten severas medidas contra dicha fiscal.

— ¿Cómo ha tomado la decisión de la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino de inaplicar la Ley 32107, pese a que el Tribunal Constitucional la declaró constitucional, y continuar con la persecución judicial contra su padre, el general EP en retiro Juan Rivero Lazo?

Esta forma de juzgar a militares que lucharon contra el terrorismo, como es el caso de mi padre, ya es un plan sistemático que está utilizando la Fiscalía y el Poder Judicial. En este caso, esta fiscal prevaricadora definitivamente tiene una consigna ideológica para juzgar al margen de la ley, debido a que los procesos de mi padre aún están pendientes y llevan 24 años sin sentencia, y recién hace una acusación fiscal vulnerando la ley y la Constitución. Este caso de mi padre, además de ser sumamente injusto y no tener ninguna prueba en su contra, solamente el cargo que él ocupaba lo involucra en estos casos, ocurrió en el año 92 […] y por el tiempo que ha transcurrido ya está prescrito. Sin embargo, la fiscal está utilizando el delito de lesa humanidad, a pesar de que legal y constitucionalmente tampoco lo puede hacer, porque ese delito, además de que no aplica para el caso, no estaba tipificado al momento de los hechos.

Por lo tanto, vulnera el principio de legalidad, […] debido a que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un hecho que al momento de su comisión no era delito o no estaba clara y expresamente establecido en la ley. Es por ello que el año pasado se dio la Ley 32107, mediante la cual el Congreso de la República aclaró la aplicación y la persecución de este tipo de delitos. […] Sin embargo, esta fiscal, violentando la ley y la Constitución, acusa a mi padre, después de 24 años de procesamiento, por el delito de lesa humanidad, algo que es un imposible jurídico. Es por ello que el congresista Rospigliosi, en su último acto como presidente del Congreso de la República, denunció ante la Junta Nacional de Justicia a esta fiscal, para que sea sancionada de manera ejemplar y destituida […]. Hace muy poco, el 23 de julio, se publicó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo explicaciones al Estado peruano y quejándose de que se persigue a jueces y fiscales que cometen este tipo de actos. […] El caso de mi padre, que ha tenido tantas vulneraciones al debido proceso y a sus derechos humanos, también tiene una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguimos esperando que la resuelva. Ahí sí no son tan rápidos como en los casos de muchos terroristas, para quienes la Comisión Interamericana ha ordenado que el Estado peruano no solo los libere, sino que además los indemnice, a pesar de ser terroristas sanguinarios, convictos y confesos.

— ¿Considera que existe una estrategia o un objetivo ideológico detrás de estos procesos contra su padre?

Definitivamente, todos los casos que se han iniciado contra los militares que lucharon contra la subversión tienen una carga ideológica. En principio, se iniciaron en el año 2001 con un objetivo político: acusar de todos estos hechos de violación a los derechos humanos al presidente Fujimori. Para lograr este objetivo, que era anular políticamente y apresar a Fujimori, se inició una persecución contra quienes lucharon contra el terrorismo. Por ello, todos estos procesos, muchos de ellos violatorios, responden a un objetivo diseñado por Abimael Guzmán desde la Base Naval del Callao. En los audios que ustedes mismos publicaron, se escucha a Abimael Guzmán conversar con quien en ese entonces era asesor del ministro de Justicia García Sayán, un asesor llamado Javier Ciurlizza, quien se reunió con Abimael Guzmán y planificó desde la Base Naval del Callao cómo hacer llorar a los militares. ¿Cuál era la estrategia? Acusarlos de innumerables casos de supuesta violación a los derechos humanos, declararlos culpables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anular la amnistía que en su momento dio el presidente Fujimori, para, como fue la estrategia de Abimael, hacer llorar a los militares con la finalidad de cambiar la historia: hacer ver que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron los violadores de derechos humanos, mientras que los terroristas, por otro lado, fueron los luchadores sociales. Ahí también, al diseñar todo esto para perseguirlos judicialmente, fue una estrategia legal ideada por Abimael Guzmán, ayudado por García Sayán y por todos estos organismos autodenominados de derechos humanos, llámese IDL (Instituto de Defensa Legal), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes diseñaron todo esto para empezar a perseguir a los militares, con el objetivo principal de llegar a Fujimori. Ahora Fujimori ya falleció; sin embargo, estos casos siguen abiertos desde el año 2001: son juicios que tienen más de 24 años de procesamiento sin sentencia.

O sea, esto dejó de ser justicia para convertirse en un ajusticiamiento y no es que los militares estén buscando impunidad o rehuir los alcances de la justicia, porque, como verán, mi padre estuvo 25 años preso, de los cuales 12 años y medio fue con prisión preventiva, sin sentencia. Esta justicia prevaricadora, que ha sido controlada por las ONG, porque son ellas las que capacitan a los jueces y fiscales y después forman parte de estos procesos, lo que busca es que los militares mueran en prisión o mueran eternamente perseguidos, como es el caso de mi padre, que a los 84 años de edad tiene que seguir afrontando procesos que no terminan nunca.

— Con 24 años de proceso y su padre ya con 84 años de edad ¿cuál es la situación legal que enfrenta actualmente?

Mi padre, gracias a Dios y al Tribunal Constitucional, que pudo resarcir tantas vulneraciones a sus derechos humanos, recién obtuvo su libertad hace año y medio. Imagínense, a los 83 años recién pudo recobrar la libertad, luego de estar preso desde los 53. Desde esa época le abrieron siete procesos, de manera consecutiva, a partir del año 2001. Esos procesos son los que hasta el día de hoy no terminan, y en cuanto a la situación legal, la demora de la justicia refleja claramente un ensañamiento contra los militares que derrotaron el terrorismo. Por otra parte, vemos que a los terroristas sí se les ha dado debido proceso, y el 95%, si no es que más, de ellos ya goza de libertad.

Ellos cumplen su condena, o los han indultado, o les han conmutado la pena, es decir, se las han reducido. Todo eso lo han hecho los gobiernos de turno, en su momento Paniagua, luego Toledo, y así han tenido muchos beneficios. Sin embargo, a los militares no les quieren dar esos mismos beneficios. En el caso de mi padre, cuando ya había cumplido su pena, una pena ilegal, pero la cumplió, no le permitían salir, por una artimaña que luego corrigió el Tribunal Constitucional. Como les digo, estos casos debieron haber concluido hace muchos años, y continúan sin terminar. Eso también es ilegal: estos casos deben ser archivados inmediatamente porque están prescritos, y tampoco se puede aplicar de manera retroactiva una ley como la de lesa humanidad, y más aún con la nueva Ley 32107, que aclara que los jueces no pueden aplicarla retroactivamente y deben ser sancionados si lo hacen. Sin embargo, lo están haciendo.

Entiendo que la Junta Nacional de Justicia ya está empezando a impartir justicia y a sancionar a los jueces que no cumplen la ley, pero hasta el momento tenemos que seguir viviendo con la angustia de que en cualquier momento puedan llevarse detenido a mi padre nuevamente por un proceso inconcluso e ilegal.

— ¿Cuáles son los próximos pasos legales que tomará la defensa de su padre, Juan Rivero Lazo?

Además de la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia para que estos jueces y fiscales sean sancionados, mi papá se había quedado sin abogado, porque ya no contábamos con los recursos para su defensa; nadie puede defenderse durante 26 años consecutivos y pagar un abogado por tanto tiempo. Pero hace poco asumió la defensa el doctor Pacheco Mandujano, y se van a presentar hábeas corpus y acciones de amparo, además de solicitar el archivamiento de todos estos procesos, por ser ya ilegales y por tratarse de casos prescritos en los que la acción penal ya no podría aplicarse.

— ¿Cómo ha vivido usted, como hija, este proceso? ¿Se podría hablar de un abuso procesal?

Como familia, esto se ha constituido en un acto de tortura, no solo hacia mi padre, un hombre de 84 años, sino contra todos nosotros. Imagínense, son 26 años de nuestra vida sufriendo esta persecución judicial, y, sobre todo, mi padre nunca tuvo un debido proceso hasta el día de hoy. Los jueces y fiscales siguen impunes, vulnerando la ley y la Constitución, más allá de que se ha probado en juicio la inocencia de mi padre. Inclusive, uno de los casos que mi papá aún tiene que enfrentar es el del dirigente sindical Pedro Huilca, quien fue asesinado por Sendero Luminoso. Sin embargo, la familia Huilca, después captada por estas ONG, cambió su versión y dijo que había sido asesinado por el gobierno de Fujimori, y a raíz de eso se abrió un proceso penal. Pero antes de ello, acudieron a la Comisión Interamericana, donde el Estado peruano se declaró culpable, y la Corte Interamericana ordenó una indemnización a la familia Huilca de 250 mil dólares, por adelantado, antes de que hubiera un proceso penal.

En este proceso incluyen a mi padre por haber sido director de inteligencia del Estado; sin embargo, está probado que, en la fecha en que murió el señor Pedro Huilca, mi padre ya no ocupaba ese cargo. Aun así, han continuado procesándolo en ese caso.

— ¿Qué opina sobre la actual congresista Indira Huilca y el cambio en su versión de los hechos?

Yo quiero llamar la atención también sobre algo que me indigna: como hija, no puedo creer que una hija pisotee la memoria de su propio padre, como es el caso de la congresista Indira Huilca. Ella y su familia saben perfectamente que Sendero Luminoso asesinó a su padre; sin embargo, la señora Huilca cambió su versión, a pesar de que ella misma había reconocido a los senderistas que mataron a Pedro Huilca en la puerta de su casa. Ese cambio de versión, para luego recibir una reparación indebida, ha significado que los terroristas que sí mataron a su padre salgan en libertad. Eso es pisotear y traicionar la memoria de un dirigente sindical que fue muy valiente, porque él se enfrentó abiertamente a Sendero Luminoso, y por eso Sendero terminó asesinándolo. Existen declaraciones públicas de oficiales y jefes de la DIRCOTE que tienen todo el expediente donde capturaron a los terroristas; los terroristas aceptaron que mataron a Pedro Huilca, y la propia señora Huilca reconoció a los terroristas capturados y los señaló como los que lo asesinaron delante de ella. Pero este caso de Indira Huilca y su familia no es el único: muchos casos contra militares han sido manejados por las ONG para cambiar versiones y luego perseguirlos. […] Solo con esa declaración es suficiente para enjuiciar a todo un grupo de militares que estuvieron en zona de emergencia, sin ninguna prueba. […]

En primera instancia, tras un juicio que duró alrededor de 20 años, absolvieron a mi padre; sin embargo, hace poco la Corte Suprema acaba de anular ese proceso. Esto significa que mi padre tiene que afrontar nuevamente el caso Pedro Huilca en un nuevo proceso, a pesar de que este también ya está prescrito. […] Entonces, es evidente y está probado que existe una consigna ideológica de una justicia prevaricadora y caviarizada, en la que todo este grupo de ONG, jueces y fiscales ha lucrado con estos casos, y también se han beneficiado políticamente de perseguir a militares con esta consigna de cambiar la historia. […] Sin respeto al debido proceso, sin plazo razonable, aplicando leyes de manera retroactiva. En cualquier parte del mundo esto es un delito; sin embargo, aquí los jueces están cometiendo delitos al continuar estos procesos de manera ilegal.

Nadie pide impunidad ni que las personas no sean investigadas o juzgadas, pero debe ser dentro de un marco legal y constitucional, con respeto a la Constitución, a las leyes y al debido proceso, algo que los militares y policías no tienen hasta el día de hoy, y esto debe cambiar.