En declaraciones al diario La Razón, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti indicó que los fuertes indicios de culpabilidad del conductor Andrés Hurtado en los casos en que está involucrado lo llevarían hasta 30 años de prisión efectiva.
– ¿Qué delitos habría cometido el conductor de televisión Andrés Hurtado, al actuar como intermediario de operadores judiciales?
De acuerdo a las informaciones periodísticas, él está siendo investigado por el delito de cohecho, o sea, corrupción; por lavado de activos y por tráfico de influencia. En el cohecho es máximo ocho años de pena prohibitiva de libertad, en el de lavado de activos quince años y en el tráfico de influencia seis años. Y, de acuerdo a nuestra legislación las penas se suman, es decir, diríamos nosotros que él por lo menos iría a la cárcel de estos tres delitos hasta 29 años. Pero para mí también tendría que ser investigado por defraudación tributaria, en razón de que él ha creado empresas, ha estado haciendo remisión de dinero al extranjero y ha creado estas empresas con la finalidad de cubrir sus actividades ilícitas. Eso se considera como delito de defraudación tributaria y tiene una pena hasta de 12 años. Sé que tranquilamente él podría pasar más de 30 años en la cárcel.
– ¿Cuál es el modus operandi de estos ‘lobistas’ que trafican influencias entre magistrados e investigados?
Bueno, ellos, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la fiscal. Aquí vemos que tiene en curso un delito de corrupción y un delito de tráfico de influencias. ¿En qué consiste la corrupción? “Yo te pago tanto para que me saques una resolución o yo converso con tal persona para los efectos de que yo tengo amistad con tal fiscal o con tal juez y consigo una resolución que te favorezca”.
– ¿Le conviene a Andrés Hurtado acogerse a la colaboración eficaz?
Por supuesto. Aquí lo único que le conviene a ‘Chibolín’ es acogerse a la colaboración del fiscal para que su pena se reduzca. Podría reducirse hasta 10 años, por lo menos. Pero, los jueces y fiscales involucrados serían objeto de investigaciones. Ya está siendo investigada la Fiscalía y los jueces están siendo investigados no solamente por el órgano de control interno, sino también por la Fiscalía Suprema. Pero, también tiene que probar lo que diga porque no basta. Él tiene que aceptar que está involucrado en un hecho delictivo, es decir: “yo realicé este hecho delictivo en compañía de tales y tales personas, acá están las pruebas, acá están los vouchers que yo pagué, están los arreglos que le hice en tal lugar”. De tal manera que no basta la simple declaración o la denuncia de él (Andrés Hurtado) hacia un funcionario público, sino tiene que probarlo.
– Él también ha confesado que no tiene arraigo laboral, que no sabe cuál es su dirección, que lo han sacado de su casa ¿Cree que la justicia tomará sus recaudos para evitar que se fugue?
Por supuesto, porque ya no tiene domicilio, ni arraigo laboral, ni arraigo familiar, porque no tiene familia que viva con él. De tal manera que, al no concurrir estos arraigos, cumplidos los siete días que se han dispuesto para una detención preliminar, el fiscal solicitaría la prisión preventiva y eso tiene que ver con esta falta de arraigo. Ya el juez de la investigación preparatoria sí puede decretar la prisión preventiva.
– Se señala que la Corte Suprema de Justicia intervendría la Corte Superior de Lima ¿Cómo sería ese proceso?
Bueno, cuando se trata de un vocal superior o fiscal superior ya interviene el fiscal supremo y los jueces supremos, para la investigación y para el juzgamiento. El fiscal supremo abre investigación contra un magistrado o un fiscal superior y ya se inicia la investigación y luego ya tiene responsabilidad el juzgamiento. Es el mismo trámite que se hace con nosotros, pero ya cambia de rango.
