Ambos legisladores afirmaron que la criminalidad ha desbordado al Estado y que el Congreso debe ejercer mayor control político.
Los congresistas Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso), y Wilson Soto (Acción Popular), expresaron su respaldo al paro de transportistas realizado en Lima como protesta frente al aumento de la inseguridad ciudadana. Ambos parlamentarios coincidieron en que la criminalidad ha superado la capacidad de respuesta del Estado y pidieron una acción conjunta entre las instituciones públicas.
Los legisladores señalaron que la falta de coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial agrava la crisis de seguridad. Coincidieron en que es necesario reforzar el control político desde el Parlamento y articular una política nacional que priorice la protección de los ciudadanos y trabajadores del transporte.
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Marticorena destacó la importancia de que los gremios del sector mantengan una postura unificada para que sus reclamos sean atendidos con mayor eficacia. Afirmó que la dispersión entre los grupos de transportistas debilita sus demandas y retrasa la búsqueda de soluciones concretas. También instó a que las manifestaciones se desarrollen sin violencia, en un marco de diálogo con las autoridades.
Wilson Soto coincidió en que la movilización de los transportistas es una consecuencia directa de la falta de medidas estructurales frente a la delincuencia. Indicó que el Congreso debe abrir canales de comunicación con los gremios para escuchar sus planteamientos y trasladar las demandas hacia políticas efectivas de seguridad.
Ambos parlamentarios coincidieron en que el Ejecutivo no ha logrado coordinar una estrategia integral para enfrentar la criminalidad. Soto sostuvo que los operativos policiales son aislados y no generan resultados sostenibles. Marticorena recordó que existe una comisión multipartidaria de seguridad ciudadana en el Congreso que no se ha aprovechado de manera efectiva.
Los dos congresistas insistieron en que la lucha contra la inseguridad debe estar por encima de los intereses partidarios y que el Parlamento tiene la obligación de ejercer control político sobre el Gobierno. También propusieron la convocatoria de reuniones multisectoriales que generen resultados concretos y sostenibles.
Soto señaló que el Ministerio del Interior debe fortalecer su despliegue operativo y asignar más recursos para proteger a los conductores y cobradores del transporte público, víctimas frecuentes de extorsión. Además, cuestionó la falta de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que, según dijo, dificulta el trabajo de las fuerzas del orden.
Marticorena añadió que el problema de la inseguridad no se limita a la acción policial, sino que requiere una política pública que involucre a los tres niveles de gobierno. Recalcó que las autoridades deben coordinar de manera permanente para responder a una crisis que ya había sido advertida en reuniones previas con los transportistas.
