Con la legalización de los cientos de miles mineros artesanales que trabajan al interior del país, el Estado percibiría más impuestos y, sobre todo, los gobiernos regionales donde se desarrolla esta actividad económica recibirían millonarias regalías, aseguró el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Martín Belaunde Moreyra, quien, además, sostuvo que los trabajadores recibirían mejores condiciones laborales como seguro y AFP.
En declaraciones al diario La Razón, explicó que “la minería informal en el campo aurífero cubre una parte importante de la producción nacional de oro”, pero que lamentablemente, “esa producción se fuga del país sin pagar un centavo partido por la mitad en impuestos y además es dañina al medio ambiente”.
“En primer lugar, los trabajadores de la minería informal tienen que formalizarse, ya hay el Reinfo que es un largo proceso. Se deben tener trabajadores formales, y estos están sujetos a todos los beneficios laborales, y están sujetos a las AFP, se les debe retener, en fin, tener los beneficios sociales que les correspondan de acuerdo a la legislación vigente”, indicó el también excongresista.
Además, indicó que “el Estado percibiría más impuestos, las regiones recibirían millonarias regalías, todo eso se fuga y además la minería informal no puede subsistir porque se realiza en zonas donde la minería es prohibida, en zonas de uso indirecto, parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y sus zonas de amortiguamiento y eso trae consigo todo tipo de males. Primero, destruye el medio ambiente, segundo, destruye el ambiente”.
Dado que, “es un tema muy importante. La minería informal en el campo aurífero cubre una parte importante de la producción nacional de oro y además esa producción se fuga del país sin pagar un centavo partido por la mitad en impuestos y además es dañina al medio ambiente en casi su totalidad. Entonces, la ilegal no puede ser legalizada, creo haberlo dicho antes. La formal podría serlo si cumple ciertos requisitos, pero es un tema de importancia nacional”, añadió.
“La minería que se quiere es la formal, la que contrata a la gente y le paga buenos sueldos, la que respeta el ambiente, la que paga, tributos, impuesto a la renta con la tasa del 28%, y cuando hay reparto de dividendos, un impuesto adicional del 5%. Esa es la minería que queremos, no queremos la minería ilegal, que desgraciadamente tiene muchos defensores”, finalizó, Belaunde Moreyra.
Según especialistas, el proceso de formalización minera es una estrategia que debe nacer del Gobierno Nacional para brindar y acompañar al pequeño minero en el camino hacia la formalización de su actividad con la finalidad de aunar esfuerzos, para ayudar a aquellas familias mineras de bajos recursos económicos, que durante toda su vida han realizado una minería a pequeña escala y de manera tradicional, y así, logren mejorar su calidad de vida mediante estrategias de formalización minera, social, empresarial y ambiental.
Sin embargo, Tras 22 años de diversos programas de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), estas políticas han tenido poco éxito en el Perú. Todo, desde que se inició este proceso, en 2002, se ha promovido una visión muy negativa de la MAPE, a pesar de su larga historia y su significativa importancia económica y social en el país.
