Por: Rosmery Tapara
En una entrevista exclusiva para LA RAZÓN, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaunde Moreyra analiza la difícil situación que atraviesa el Ministerio Público, tras el despido y posterior reposición en sus cargos de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso para declarar en emergencia a la Fiscalía.
¿Hizo mal Pedro Chávarry en sacar de sus puestos a Rafael Vela y Domingo Pérez, aunque después retrocediera?
Yo creo que cuando el fiscal de la Nación tomó la desafortunada decisión de remover a los fiscales cometió un gravísimo error en forma y fondo. En forma, porque es indiscutible que faltó a la más elemental prudencia al lanzar una conferencia de prensa que ya se venía rumoreando y despedir a estas dos personas, que en estas circunstancias por múltiples razones, no debían ser removidas. Y en fondo, porque es claro que cambiar a los fiscales por personas que no están enteradas del asunto, teniendo a puertas una declaración muy importante de diversos funcionarios de Odebrecht respecto a las coimas que se dieron, resulta contraproducente.
¿Considera usted que ha sido una estrategia el retiro y posteriormente la reposición de ambos fiscales a fin retrasar la firma del acuerdo con Odebrecht?
Yo no puedo afirmar en este momento si ha sido una estrategia, o lo que ahora se llama obstrucción a la justicia. Pero si tuviera ese desenlace, yo creo que habría sobre el fiscal Chávarry una gravísima responsabilidad en el ámbito legal y penal, porque podría llegarse a la conclusión de que se ha hecho una absurda maniobra, que no tiene ni pies ni cabeza, para el impedimento de la firma de un acuerdo que es absolutamente indispensable para que el Perú avance en estos juicios a fin de combatir la corrupción.
¿Fue precipitada la decisión del presidente Martín Vizcarra al presentar el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público?
Ese proyecto de ley desde mi punto de vista es inconstitucional, porque implica una intervención al Ministerio Público que conforme con la Constitución es un organismo autónomo que tiene su forma de gobernarse a través de la Junta de Fiscales Supremos, que son los que nombran al fiscal de la Nación.
Si hay una ley que interviene la Fiscalía eso generará un grave problema, porque este órgano constitucional autónomo dejaría de serlo y estaría de la alguna forma totalmente influenciado en la autonomía de sus decisiones por una ley que modificaría y colisionaría la Constitución. Entonces para mí, esa ley, en la forma como ha sido presentada debe evitarse porque va a tener efectos en el mediano y largo plazo que afecten el funcionamiento del MP en el caso de Odebrecht o en cualquier otro caso.
¿Cómo califica el gobierno de Martín Vizcarra?
Hasta el 31 de diciembre del año pasado, el presidente se ha mantenido dentro de la Constitución, pero este último proyecto de ley que ha presentado lo aparta de esa conducta. Recordemos que este es un solo proyecto y debe ser aprobado por el Poder Legislativo; de no ser así nos estaríamos deslizando en la pendiente de la inconstitucionalidad, y eso yo lo considero tremendamente peligroso para el Perú.
