Martín Vizcarra podría enfrentar una reparación civil de S/4.6 millones por presunta corrupción en proyectos en Moquegua.
La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado al Poder Judicial que el expresidente Martín Vizcarra pague una reparación civil de S/4.6 millones por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Esta medida responde a las acusaciones de colusión y cohecho en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, donde se alega que Vizcarra habría negociado sobornos a cambio de otorgar contratos.
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El procurador Carlos Fernández detalló que Vizcarra, entre 2011 y 2014, utilizó su posición para “ofertar su función pública” en favor de empresas interesadas en estos contratos. Según las declaraciones de exejecutivos de Obrainsa, el exmandatario habría recibido un millón de soles en efectivo para otorgar información privilegiada sobre el contrato de Lomas de Ilo, un proyecto crucial para el desarrollo agrícola de la región. Además, se le acusa de exigir S/1.3 millones a ICCGSA a cambio de aprobar el contrato para la construcción del hospital regional. En esta transacción, José Hernández habría actuado como intermediario en el presunto soborno, fortaleciendo las pruebas de colusión y cohecho, según la investigación.
Montos de reparación civil por proyecto
La Procuraduría detalla que la suma de S/4,671,971.30 cubre los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados al Estado. Para el proyecto Lomas de Ilo, el monto solicitado es de S/2,071,971.30, que debería ser cubierto de forma solidaria entre Vizcarra y las empresas Obrainsa y Astaldi. En el caso del Hospital Regional de Moquegua, se exige una reparación de S/2.6 millones, a ser pagados solidariamente por el expresidente junto a ICCGSA y INCOT Contratistas Generales S.A.
La reparación solidaria implica que la responsabilidad del pago recaería no solo en Vizcarra, sino también en las empresas que habrían participado en los actos de corrupción, buscando que todos los implicados en la presunta trama asuman las consecuencias de los daños causados al Estado.
