Juez postergó la sesión para que las partes revisen nuevos elementos presentados por la Fiscalía.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó para el miércoles 13 de agosto la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir presuntas coimas cuando fue gobernador de Moquegua. La medida busca que el exmandatario deje la comparecencia simple y afronte el proceso tras las rejas.
La sesión estaba prevista para este viernes 8, pero el juez Jorge Chávez Támariz decidió postergarla con el fin de que la defensa y la Fiscalía revisen nuevos elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Durante la audiencia, el magistrado rechazó la objeción del abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, quien alegó que no había sido notificado sobre dichas pruebas. El juez sostuvo que la nulidad previa del proceso permite a la Fiscalía precisar su requerimiento y añadir nueva evidencia, garantizando que la defensa pueda rebatirla.
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Actualmente, Vizcarra se encuentra bajo comparecencia simple, figura que lo mantiene en libertad con la obligación de acudir a citaciones judiciales. La Fiscalía, a cargo del fiscal Germán Juárez, busca que esta medida sea cambiada a prisión preventiva, amparándose en el artículo 255 del Código Procesal Penal, que habilita la variación de medidas coercitivas si aparecen nuevos indicios que cumplan con los requisitos legales, como la existencia de sospecha grave y peligro procesal.
El caso se centra en la presunta recepción de más de S/2.3 millones en sobornos vinculados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, por los que el Ministerio Público solicita 15 años de prisión y nueve de inhabilitación política. La Sala Penal Superior ya anuló la resolución del juez Víctor Alcocer que había rechazado el pedido fiscal, ordenando que otro magistrado lo evalúe desde cero.
La nueva audiencia se realizará a las 11:00 a. m. en la sede judicial de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima. La presencia de Vizcarra es opcional, aunque sí será obligatoria la de su abogado y de la Fiscalía. La defensa insiste en que no hay peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, calificando el pedido de la Fiscalía como infundado y desproporcionado. La decisión del juez marcará un punto clave para el futuro judicial y político del exmandatario.
