Ratifican acusación por favorecer a empresa Obrainsa
La Comisión Permanente ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otorgó 15 días para que elabore el informe respecto a la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntamente haber cometido una infracción del artículo 126° de la Constitución y la correspondiente inhabilitación para un cargo público. Esto al supuestamente no haber renunciado a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 2016 y el 2017.
El pasado 29 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había declarado procedente la referida denuncia constitucional presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma. Con esta decisión dicho subgrupo de trabajo tiene 15 días hábiles para la elaboración de su informe final.
Cabe destacar que la denuncia también responsabiliza a Martín Vizcarra por presuntamente haber favorecido los intereses de la empresa Obrainsa, ya que su negocio familiar formó parte del Consorcio Colca.
En aquella oportunidad, el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, indicó que el exmandatario dimitió a sus cargos ejecutivos en la mencionada compañía el 2010, previo a desempeñarse como gobernador regional, ministro de Transportes y presidente.
“Él vende las acciones el 24 de marzo del 2018, antes de juramentar como presidente, y renuncia a los cargos ejecutivos de la empresa en diciembre del 2010. Eso está absolutamente claro, cuando él asume la presidencia del gobierno regional y cuando asume el MTC en el 2016, ya había renunciado a cargos ejecutivos de la empresa”, manifestó.
La Comisión Permanente también declaró procedente la denuncia constitucional en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tendrá 15 días hábiles para presentar su informe final.
La denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry se basa en los hechos que se evidenciaron en las grabaciones presentada por el excongresista Moisés Mamani en marzo del 2018 en el marco de la segunda moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
