Durante los primeros cuatro meses de este año
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha compartido recientemente datos preocupantes sobre el cumplimiento de las normativas en el transporte público. Según información proporcionada por la entidad, en lo que va del año, durante operativos de fiscalización, en colaboración con la Policía Nacional (PNP), se ha procedido al envío a los depósitos de un total de 1,259 vehículos que incumplieron las normas de transporte.
Durante los primeros cuatro meses del presente año 2024, la ATU ha desplegado un total de 6,561 operativos de fiscalización en diversos distritos de Lima y el Callao. Dentro de estas acciones de control, se han llevado a cabo un total de 45,679 fiscalizaciones a vehículos, con el objetivo de identificar y sancionar cualquier infracción que ponga en riesgo la seguridad y el orden en las vías de la ciudad.
Durante el desarrollo de estas intervenciones, se levantaron un total de 23,243 actas de infracción a diversos vehículos. Es importante destacar que el 68 % de estas unidades, equivalente a 15,757 vehículos, recibieron sanciones debido a prácticas informales, específicamente por ofrecer servicios de transporte público sin contar con la autorización correspondiente emitida por la ATU.
Estas acciones de control se llevaron a cabo como parte integral de la campaña denominada «No es por molestarte, es por cuidarte», una iniciativa promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El objetivo primordial de esta campaña es concientizar tanto a la población en general como a los transportistas sobre la importancia del trabajo de los fiscalizadores de transporte. Se busca resaltar su labor fundamental en la protección y preservación de la integridad física y la salud de los usuarios del transporte público.
Es importante destacar que, durante el año 2023, una de las infracciones más recurrentes entre los conductores fue la prestación de servicios de transporte público sin la debida autorización. Según datos oficiales, un total de 27,081 choferes fueron sorprendidos en esta situación. Dentro de este grupo, se observa que 13,933 conductores estaban operando servicios de taxi de manera ilegal, mientras que otros 13,148 estaban proporcionando servicios de transporte regular en buses, cústeres o combis sin contar con la autorización correspondiente.
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