Estado no llega a Putumayo y sus alrededores
Algunos de ellos incluso intentan captan a jóvenes peruanos que se confunden con colombianos en la frontera.
Peligro inminente. Hace solo unos días, la Policía Nacional detuvo en Loreto a un joven colombiano que, según la denuncia hecha a la Fiscalía, se trataría de un disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que habría intentado captar a menores peruanos de las orillas del río Putumayo.
La información generó alarma en la zona, pero también en la Policía y el Gobierno central, pues la escasa presencia del Estado en la frontera con Colombia permite la ida y venida, fácil y sin vigilancia, de ciudadanos de ambos países, incluyendo a miembros de la llamada “guerrilla”.
Las razones para preocuparnos no son pocas, pues hace solo unas semanas Ecuador –país también fronterizo con Colombia– sufrió en carne propia lo que significa tener cerca de su territorio a disidentes de las FARC. Estos secuestraron y luego asesinaron a dos periodistas y un trabajador de El Comercio de ese país, y de ahí la denuncia de desaparición de otros ecuatorianos se volvió algo común.
Frente a ello, el Ministerio del Interior dispuso casi de inmediato que fuerzas combinadas de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Región PNP de Iquitos inicien una labor de inteligencia para detectar a otros personajes que buscarían captar a más menores peruanos para sumarlos a sus filas.
EL “FRENTE 48”
La Razón obtuvo información de primera mano sobre quiénes se estarían movilizando en la frontera peruano-colombiana, datos a los que se pudo acceder desde hace un buen tiempo, más o menos desde que el gobierno de Juan Manuel Santos firmara la paz con las FARC, lo que no tuvo contento a todos sus integrantes.
Uno de los grupos que más presencia tiene en esta zona de nuestra selva es el llamado “Frente 48”, una de las unidades de la guerrilla de las FARC que se moviliza en la parte sur de Colombia y opera en la zona fronteriza de ese país con Ecuador y Perú. Estos serían más de 200, según estimaciones.
Para nadie –menos para los terroristas colombianos– es un secreto la falta de presencia del Estado en zonas fronterizas, lo que es muy bien aprovechado por bandas criminales que se dedican al narcotráfico y al contrabando. Muchos de estos grupos extranjeros se “ganan” a la población con dádivas y otras prebendas que caen muy bien ante la situación de pobreza que atraviesan. La estrategia de los disidentes de las FARC no es distinta.
Estos ofrecimientos incluyen mejoras en las condiciones de vida, lo que muchas veces llama la atención sobre todo a los menores peruanos, que se disponen a empuñar armas a cambio de protección y elevadas sumas de dinero.
Es así como Neider Jhonny Machacury Jota –el colombiano de 19 años capturado intentando captar a dos menores de edad de 14 y 16 años el pasado 15 de abril– intentó llegar a sus objetivos. Pero este solo es un ejemplo de todo lo que ocurre en esta zona.
Las mismas fuentes policiales advierten que poco o nada se puede hacer frente a la masiva presencia colombiana en la zona, pues esta supera notablemente a los efectivos de la PNP destinados alrededor del río Putumayo. Lo más común –agregan– es el narcotráfico y el contrabando, que se mueven sin ninguna regulación y al que ahora se sum, con más fuerza, la presencia de las FARC.
¿Y LAS AUTORIDADES?
Hace unos meses, la región Loreto y el distrito de Putumayo, con cooperación con Devida, llevaron a cabo la actividad de Diseño e Implementación de Campañas de Sensibilización para Desalentar el Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva de Drogas en la Región.
Esta sirvió para que las autoridades locales den una charla de inducción a los pobladores de la zona, especialmente a los mototaxistas, motivándolos a no desviarse por la actividad delincuencial, sobre todo por la vinculada al narcotráfico, muy común en la frontera peruano-colombiana.
Ahí participaron el Gerente de la subregión del Putumayo, Nelson Tambor Chota, el Subprefecto de la provincia del Putumayo, Edgar Henry Mamani Quisocala, el encargado del despacho de la alcaldía, Diego Ortega Gonzales; quienes se encargaron de la entrega de los materiales publicitarios con el compromiso de difundir que la entidad regional está en una constante lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Pero estas actividades son comunes y son vistas –según nos cuentan– como intentos infructuosos del Estado por esconder la triste realidad de la zona, que muchas veces no cuentan con postas médicas, escuelas en buenas condiciones y acceso a alimentos de primera calidad.
Es más, según nuestras fuentes, algunas de las autoridades locales son señaladas por los propios lugareños de recibir grandes sumas de dinero de los narcotraficantes colombianos –entre ellos también los disidentes de las FARC– para permitirles el libre tránsito, hecho que también está siendo investigado por la Dircote.
Cabe recordar que, al finalizar la última Cumbre de las Américas en Lima, el presidente Martín Vizcarra aseguró que reforzaría su vigilancia fronteriza a raíz de las acciones en Ecuador de un supuesto grupo disidente del acuerdo de paz suscrito por las FARC. A no perder el tiempo.
