Contraloría detecta que 70 mil conservas no eran aptas para consumo y responsabiliza a 15 funcionarios.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría al programa nacional de alimentación escolar Wasi Mikuna. El informe reveló un grave caso de negligencia en esta entidad, antes conocida como Qali Warma. Más de 70 mil latas de conservas distribuidas a escolares de Ayacucho y Puno contenían carne de caballo, pese a que fueron etiquetadas como carne de res.
La empresa Alimentos y Conservas Perú, ubicada en Pacasmayo, La Libertad, fabricó el producto cuestionado, “Re Real Sabor”. Aunque algunos padres de familia alertaron desde febrero de 2024 sobre problemas en la calidad del alimento, los responsables del programa no gestionaron a tiempo el análisis de laboratorio que debía confirmar su contenido. Recién en noviembre del mismo año, la unidad encargada del control decidió tomar muestras para verificar la composición real del producto.
Recién entonces, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del programa ordenó el análisis. El estudio confirmó que las conservas contenían un 60 % de carne de caballo y no eran aptas para el consumo humano, según Digesa. Esta entidad ordenó retirar el producto al considerar que ponía en riesgo la salud de los escolares. Sin embargo, los lotes ya se habían distribuido meses antes en varias regiones.
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Tres consorcios se encargaron de repartir el alimento: Sumacc Mikuy, San Antonio de Padua e Illary Andina. En total, facturaron S/24,5 millones por distribuir las conservas. Sumacc Mikuy atendió las localidades de Puquio y Santa Rosa, por un contrato de S/11,1 millones. San Antonio de Padua cubrió varias zonas de Ayacucho por S/10,2 millones. Illary Andina entregó el producto en Azángaro, Puno, con un contrato de S/3,2 millones.
Los proveedores indicaron que adquirieron “Re Real Sabor” debido a los requerimientos técnicos establecidos por el propio programa Wasi Mikuna, durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Ante esta situación, la Contraloría ha solicitado que se tomen medidas legales contra 15 funcionarios y servidores públicos que habrían permitido esta cadena de omisiones. El caso pone en evidencia fallas críticas en los controles de calidad del programa de alimentación escolar del Estado.
