Menores de la comunidad awajún fueron forzados a restegrarse sobre una alfombra de ishanga, lo que provoca dolor, ardor y picazón
Luego de que se difundiera un video que muestra un acto de violencia contra menores en la comunidad awajún, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado para condenar el incidente ocurrido en esta región de la Amazonía peruana.
En el video, se ve a dos hombres forzando a los niños a dar vueltas sobre una alfombra hecha de ishanga, una ortiga tropical, con el propósito de «corregir su comportamiento». Según expertos, esta planta puede provocar dolor, ardor y picazón que pueden durar varios días.
«Desde el Mincul hemos visto un video en redes sociales que muestra maltrato a niños de una comunidad indígena awajún, y condenamos firmemente este acto», afirmaron.
En respuesta a lo sucedido, el Mincul comunicó que el viceministerio de Interculturalidad está trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y las autoridades correspondientes para garantizar la protección de los niños, «asegurando que todas las acciones se lleven a cabo con respeto a su cultura«.
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«El Ministerio de Cultura colabora de manera intersectorial para fortalecer su compromiso con los pueblos indígenas u originarios, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los más vulnerables, especialmente de niñas, niños y adolescentes», concluye el pronunciamiento del sector.
El video que ha circulado recientemente muestra a dos niños de una comunidad awajún siendo sometidos a un castigo físico severo, supuestamente para «adquirir virilidad». Los menores son forzados a dar vueltas sobre una alfombra hecha de ishanga, una planta espinosa, mientras gritan de dolor.
Euner Kajekui, un joven de la comunidad awajún, explicó que, aunque dolorosa, esta práctica ha sido normalizada en algunas comunidades indígenas. Kajekui, quien también fue sometido a este castigo desde los 7 hasta los 15 años, denunció que se utilizaba para intentar modificar el comportamiento de los niños, especialmente en relación con su orientación sexual.
La abogada Claudia Zumaeta calificó estas prácticas como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de los menores, considerándolas como una forma de violencia psicológica.
