Personas más vulnerables multiplicaron por siete sus ingresos en 25 años, señalan

 

En un contexto nacional donde la lucha contra la pobreza sigue siendo uno de los más grandes desafíos del Estado, la ley de biocombustibles N°32276 significa una ventana de oportunidad para el desarrollo económico de más de 25,000 familias rurales de la selva y la sierra del país, sostienen diversos especialistas en el tema, que reclaman cuanto antes al Ministerio de Energia y Minas tomar cartas en el asunto.

Con los años, las modificaciones han renovado el marco legal: en abril 2025 se publicó la Ley N.º 32276 que modifica los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 28054 para fortalecer la producción de biocombustibles y promover su consumo.

Pero más allá del marco jurídico, la pregunta es: ¿qué implican estos cambios para las familias de los sectores más vulnerables del país, especialmente aquellas vinculadas al cultivo de palma aceitera?

En el presente informe, le daremos a conocer por que el cultivo de la palma aceitera ha emergido como una alternativa productiva de gran relevancia en zonas de la Amazonía peruana, regiones como San Martín, Ucayali, Loreto y Huánuco, donde miles de familias históricamente han estado atrapadas en economías de subsistencia o dependientes de cultivos ilícitos. 

Un ejemplo contundente es que en el periodo 2000-2015 cuando, según datos de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA), las familias dedicadas a este cultivo mejoraron sus ingresos promedio de 1.074 US$ al año (2000) a 7.770 US$ en 2015.

Además, más de 7.000 familias ya estaban vinculadas al cultivo en aquellas regiones, generando más de 17.000 empleos directos y 25.000 indirectos.

La importancia social del cultivo se acentúa cuando se considera que muchas de estas familias han pasado de la pobreza extrema a contar con un ingreso formal, trabajar en cooperativas o agroindustrias, y acceder a mejores condiciones de vida. En zonas anteriormente dominadas por la agricultura migratoria o los cultivos ilícitos, la palma aceitera aparece como alternativa sostenible. 

Así pues, la apuesta de la ley de biocombustibles encuentra en la palma aceitera un actor clave: materia prima que no solo puede alimentar la industria alimentaria o de aceites vegetales, sino que también alimenta la cadena de valor hacia los biocombustibles (como el biodiésel), generando empleo y desarrollo local.

La Ley 28054 establece un marco para que los biocombustibles “productos químicos que se obtienen de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa” y se conviertan en un espacio de generación de valor. Con su modificación mediante la Ley 32276, se exige además que estos productos procedan de “biomasa obtenida mediante tecnologías de bajas emisiones de carbono” y que cumplan “criterios de sostenibilidad ambiental y social”. 

Esto significa que, legalmente, el cultivo de palma aceitera ya no puede verse simplemente como producción primaria, sino como parte de una cadena que exige estándares sociales: empleo digno, condiciones ambientales controladas, y un vínculo directo con las comunidades.

Por ejemplo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) ejecutó proyectos de palma aceitera en Loreto y San Martín que beneficiaron a 300 y 800 familias respectivamente con una inversión cercana a S/ 3 millones.

Y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de Agroideas, informó que desde 2010 se ha financiado a más de 43.000 familias en las cadenas de café, cacao y palma aceitera con más de S/ 351 millones.

En este contexto, la ley de biocombustibles funciona como el paraguas regulatorio que permite que esa transformación estructural, pequeños productores vinculados al mercado, mejor empleo, mayor ingreso, tenga respaldo legal y pueda escalar.

A pesar de los avances, la implementación enfrenta obstáculos que ponen en riesgo los beneficios para las familias. Uno de los más graves es la demora en la publicación del reglamento de la Ley 32276. La misma ley estableció un plazo máximo de 90 días para que el Gobierno emita las normas necesarias, pero a la fecha dicha reglamentación no se ha aprobado. 

La falta del reglamento impacta de lleno en la certeza jurídica del sector palmicultor y, por ende, en la vida de muchas familias que ya esperan estabilidad. Según dirigentes del sector, en este estado podrían perderse cerca de 60.000 puestos de trabajo vinculados a la palma y los biocombustibles. 

Además, los pequeños palmicultores denuncian competencia desleal: importaciones de biodiésel subsidiado presionan el mercado doméstico, lo cual afecta los precios y la rentabilidad del cultivo para las familias productoras

Estos factores demuestran que, aunque la ley ofrece una gran promesa, sin reglamento efectivo, sin fiscalización, sin prioridad al componente social, las familias más pobres podrían quedar al margen.

La normativa sobre biocombustibles en el Perú, en su versión original y, más recientemente, modificada, abre un escenario esperanzador para miles de familias rurales vinculadas al cultivo de palma aceitera. En regiones donde la pobreza era la norma, la palma ha permitido, en muchos casos, mejorar ingresos, acceder a empleo formal, abandonar economías informales o ilícitas, y construir un futuro más estable.

Pero esa promesa no se cumplirá por sí sola. Requiere del Estado, de los gobiernos regionales, de los gremios productivos y de las propias comunidades, un compromiso sostenido para garantizar que la ley transformen en realidad condiciones dignas de vida. Para decenas de miles de familias peruanas, este no es sólo un asunto de política energética: es una apuesta de futuro.

En definitiva, la ley de biocombustibles puede ser mucho más que una norma técnica: puede representar la chispa que encienda la locomotora del desarrollo rural inclusivo. Y en ese trayecto, las familias palmicultoras serán la prueba tangible de que los grandes vínculos entre energía, agricultura y justicia social pueden transformarse en vida concreta.