Basándose en información del 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), la minería ilegal ya se ha habría convertido en la actividad criminal más poderosa del país, dada la gran cantidad de recursos económicos que recibe por el precio internacional del oro (1,890 dólares por onza) y por los 400,000 trabajadores que emplea a lo largo y ancho del Perú, cifra que ninguna otra practica delictiva ha llegado a tener.
Solo para tener una idea del alcance de esta problemática, es que según estimaciones de la ONG de derecho ambiental CooperAcción, las organizaciones delictivas dedicadas a este delito ocupan alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional.
Además, mientras el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reporta oficialmente que la exportación anual del oro llega a los 120 o 130 toneladas, la SUNAT y el BCR señalan que llega a las 180 toneladas. Es decir, 60 toneladas del metal precioso salen del país de manera ilegal.
Y todo esto no hubiese sido posible sin los miles de delincuentes peruanos y venezolanos que se han aliado a mineros ilegales con el objetivo de controlar las operaciones en localidades como Pataz, donde estos son conocidos como «parqueros” por que actúan violentamente usando armas de largo alcance y explosivos de uso militar.
En el presente informe, les daremos a conocer los niveles de violencia a los que se ha llegado en los 410 casos de conflictos sociales, los cuales han sido desencadenados por este delito que se ha vuelto muy practicado en el interior del país, donde el Estado peruano no puede llegar. Para la OCM, estos conflictos responden a la categoría socioambiental (más del 60%) y de este tipo de conflictos, el 67% están vinculados con la minería.
““La minería ilegal en el Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. En este período, el sector ha gozado de precios altos, especialmente en el caso del oro, alcanzando alrededor de 1,890 dólares por onza. Este auge ha permitido que la minería ilegal acumule un considerable poder económico, que ejerza control territorial y tenga una influencia política que se extiende desde alcaldes hasta congresistas”, señalan desde CooperAcción.
INACCIÓN
Un estudio elaborado por la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible (FCDS) dio a conocer que la minería ilegal se ha extendido en más de 20 ríos de la Amazonía peruana.
Esto sin que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen cartas en el asunto, más allá de un tibio Estado de Emergencia que como aquí en Lima, no soluciona nada.
Por ello, es fundamental reforzar las acciones de seguridad e implementar estrategias efectivas para combatir y desmantelar estas organizaciones criminales que amenazan el bienestar y el progreso de nuestra comunidad.
CRIMINALES
El avance de la minería ilegal se da a la par del incremento de organizaciones criminales dedicadas a extorsionar y amenazar a la minería formal. Este es el caso de lo que ocurre en Pataz, donde la mina ‘La Poderosa’ sufre extorsiones y ataques, a cambio de cupos.
Se sabe que estos grupos criminales se han organizado alrededor de la minería formal, golpeando uno de los motores de economía del país.
FRACASÓ FORMALIZACIÓN
Según Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN PERÚ), la Dirección de Formalización Minera del MINEM es un rotundo fracaso.
“El proceso de formalización ha sido un fracaso rotundo, porque son 10 años que a la fecha se han formalizado 1.6% a nivel nacional y se han invertido más de 500 millones de soles y de ese presupuesto solo el 15% se ha utilizado para formalizar y el resto se ha usado para perseguir al minero artesanal en el Perú”, dijo en declaraciones a la prensa.
Información oficial del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los más de 600 mil mineros informales solo 45 mil iniciaron el trámite con una simple declaración jurada y de ellos menos de un millar avanzaron con los burocráticos requisitos contractuales y ambientales que el sistema les exige.
