El gobierno de Dina Boluarte implementa medidas de emergencia, pero enfrenta rechazo de la población ante la suspensión de actividades mineras.
La violencia por el crimen organizado y la minería ilegal sigue en Pataz, luego del asesinato de 13 mineros, torturados antes de morir. Estos hechos han provocado que el gobierno de Dina Boluarte tome medidas, aunque no todas son bien recibidas por la población.
Un tema en el que hay consenso es que la minería ilegal representa un grave riesgo para la seguridad nacional. Según una encuesta de Ipsos para Perú21, el 81% de los encuestados considera que la minería ilegal es una amenaza, cifra que llega al 82% en Lima. Solo el 15% piensa que no representa un peligro.
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La matanza en Pataz ha puesto de manifiesto la falta de control estatal, lo que ha llevado a muchos a responsabilizar al gobierno. Un 47% de los ciudadanos cree que la administración de Dina Boluarte es la principal responsable. Les siguen los mineros ilegales (31%), el Congreso (30%) y las bandas criminales (29%). La Policía Nacional tiene el 28% de la responsabilidad, y el gobierno regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, el 22%.
Para intentar frenar la violencia, el gobierno ha prorrogado el estado de emergencia en Pataz por 60 días, con toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. y la suspensión de actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba por 30 días. Sin embargo, solo un 26% apoya la suspensión total de la minería. Un 43% cree que debe continuar, pero con mayor seguridad.
Por otro lado, un 81% respalda la instalación de una base militar en Pataz y un 79% está a favor de crear un grupo especial para combatir la minería ilegal y otros delitos. En cuanto a las amenazas a la seguridad nacional, las bandas extorsionadoras lideran la lista con 78%, seguidas por el narcotráfico (65%) y la minería ilegal (61%).
