Confemin pide acceso a cuentas en el Banco de la Nación y un nuevo registro automático para 80 mil mineros, mientras la SNMPE advierte intento de legalizar la informalidad.
A menos de un mes del fin de la legislatura, los gremios de minería informal aumentan la presión sobre la Comisión de Energía y Minas. Su principal demanda: que el predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) incluya el acceso a cuentas bancarias en el Banco de la Nación, lo que les permitiría comercializar su oro en el sistema formal.
Aunque inicialmente la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin) exigía que el Estado les compre directamente el oro, ahora aceptan como alternativa la apertura de cuentas en el banco estatal, debido a que otras entidades financieras les niegan servicios.
Esta nueva postura se produce mientras tres proyectos de ley, presentados por congresistas de APP, Honor y Democracia y Podemos, respaldan esa propuesta. Además, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ya envió un informe a la comisión parlamentaria señalando que existe “consenso” para que el Estado facilite la compra y venta del mineral, lo que ha generado alarma en el sector empresarial.
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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que esta propuesta podría abrir la puerta a una “formalización exprés” que beneficie a mineros informales e incluso ilegales. En un comunicado reciente, la SNMPE denunció que el Minem ha atribuido falsos consensos a la entidad en nueve puntos clave del predictamen, incluyendo temas como beneficios tributarios, concesiones especiales y comercialización del oro.
Por su parte, Confemin insiste también en que el proyecto de ley reconozca a unos 80 mil mineros informales mediante un nuevo registro automático, y que el Minem actúe como mediador en disputas por concesiones. Piden además que se reconozca a los mineros ancestrales como un nuevo estrato con validación estatal.
La tensión aumenta aún más con la presentación de una moción de interpelación contra el ministro Montero, impulsada por Acción Popular, por permitir que el registro Reinfo pueda heredarse, lo que según críticos podría perpetuar la informalidad.
