Ministerio Público pide audios bomba

Y Procuraduría solicita declaración de presidente

por | Sep 12, 2020 | Sin categoría

Y Procuraduría solicita declaración de presidente

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Portura, quien investiga el caso “Richard Swing” solicitó que se le remitan los audios difundidos sobre conversaciones que implican al presidente Martín Vizcarra y a su personal de confianza la secretaria presidencial Miriam Morales; y la asistente presidencial Karem Roca, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.

Debido a que la fiscalía provincial no puede dirigirse directamente al Congreso de la República, la fiscal Sánchez-Porturas remitió un oficio a la Fiscalía de la Nación para que sea a través de esta que se requieran las grabaciones al Parlamento.

La fiscal Sánchez-Porturas investiga las contrataciones del cantante Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, así como un grupo de funcionarios del Ministerio de Cultura (Mincul) por las presuntas contrataciones irregulares del cantante.

Desde el Ministerio Público confirmaron que se vienen programando otras diligencias fiscales dentro del caso. Morales ya prestó su declaración y hasta hace poco, Roca había solicitado reprogramar su testimonio hasta en dos oportunidades.

De otro lado, la Procuraduría Anticorrupción que despacha Amado Enco, envió un oficio a la fiscalía reiterando que se tome la declaración como testigo del presidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación que se sigue a Cisneros y funcionarios del Ministerio de Cultura.

La procuraduría, como actor civil acreditado desde que empezaron las investigaciones fiscales en el caso, también solicitó que se amplíen las declaraciones de las asesoras presidenciales Miriam Morales y Karem Roca.

La fiscalía anticorrupción investiga a 15 personas, incluyendo al cantante “Richard Swing”, por los presuntos delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.

La investigación inició en pasado mes de junio, luego que se conoció que el cantante suscribió diversos contratos entre los años 2018 y 2020 por más de S/175.000 para realizar actividades para las que no habría cumplido el perfil.


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