Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra gobernador regional del Callao

La Fiscalía pidió que Dante Mandriotti Castro, gobernador de la provincia constitucional desde 2019, sea encarcelado por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

por | Ago 28, 2022 | Actualidad

La Fiscalía pidió que Dante Mandriotti Castro, gobernador de la provincia constitucional desde 2019, sea encarcelado por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

El 23 de agosto, la Fiscalía de la Nación solicitó que el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, cumpla una condena de cinco años y 11 meses de prisión por presuntamente ser responsable de haber cometido el delito de colusión agravada.

Esta petición fue realizada por el fiscal adjunto provincial Marcelo Fernández Vásquez del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. Otras medidas restrictivas también fueron requeridas para otros funcionarios del gobierno regional de la provincia constitucional.

Para el gerente general del Gobiernador Regional del Callao, Jaime Romero Bonilla, y para el gerente de Administración, Lino Antonio Vigil Delgado, se pidió una pena privativa de la libertad similar a la de Mandriotti, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años y 11 meses. Asimismo, se solicitó 364 días multa para ellos y para el gobernador regional.

Desde la Fiscalía, penas de 10 años de prisión efectiva y 500 días multa se requirieron para los siguientes funcionarios: el jefe de la Oficina de Logística, Eli Augusto Caqui de los Ríos; y el especialista del Área de Logística, Daniel Jesús Villalobos Sampén. Dichas condenas también recaen en las proveedoras de servicios Karen Martínez y Julia Elena Del Castillo Pancorvo.

¿A qué se debe la solicitud de la Fiscalía?
Los funcionarios del gobierno regional chalaco son sindicados por el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación del Perú de presuntamente haber sobrevaluado la contratación de servicios no justificados en el marco del XI GORE Ejecutivo, en el 2019, en los cuales se invirtió un total de 118.900 soles. Dicha acción habría causado un perjuicio de 32.348 soles al Estado peruano, según refiere la tesis presentada por la Fiscalía.


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