Economista Manuel Romero Caro señala que el FMI criticó la pobre inversión pública ejecutada por el Gobierno antes de la pandemia.
“El ritmo al que se mueve la paquidérmica burocracia estatal es totalmente incompatible con la velocidad del virus”, cuestiona.
Por Roberto Sánchez R.
El economista Manuel Romero Caro señaló a LA RAZÓN que la Ministra de Economía María Antonieta Alva, además de sus errores administrativos en la crisis pandémica, ha mantenido la política económica del ex Gobierno de Ollanta Humala, respecto a una escasa inversión pública que ha trabado el crecimiento económico y cuyo resultado consideró un verdadero fracaso.
El FMI observa con cierto asombro que Perú, tras mantener una solidez económica de más de dos décadas, ahora se desploma
Obviamente, del “milagro peruano”, como se conocía a nuestra economía en la década que éramos el país que más crecía y el que menos inflación registraba, se ha pasado a ser el país con la mayor recesión de la región, lo que afecta el prestigio del país. Pero esto se veía venir. Es así que antes de la crisis del covid-19, ya el FMI había criticado a este Gobierno por frenar el crecimiento, calificando de muy pobre la ejecución de la inversión pública y su ineficiencia en ejecutar presupuestos asignados. Inclusive, Pilar Mazzetti, cuando presidía el comando COVID dijo que “todo funciona a velocidad no-Covid en tiempos Covid”. Y tiene razón, porque a la velocidad en que se mueve la paquidérmica burocracia, es totalmente incompatible con la velocidad del virus.
¿Qué opina del retiro de los fondos de ONP y qué implica eso para los aportantes que no llegaron a 20 años?
Más allá del costo final de la medida aprobada sobre la ONP la Ley es inconstitucional. Ya que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Esto está clarísimo en el artículo 79 de nuestra Constitución: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos”. Y viene de la Constitución de 1979. Ello lo sabían los congresistas, pero insistieron con el tema –supongo- de creer que van a ganar popularidad. Pero va a ser lo contrario. Y generan un innecesario enfrentamiento Ejecutivo versus Legislativo. El grueso del apoyo fue a los programas Reactiva Perú, que representan el 8.7%, que no es gasto público, a no ser que incumplan los que recibieron los préstamos. Tampoco son gastos públicos los retiros de los CTS ni los recursos retirados de las AFPs. Estudios estiman que las empresas aportaron el 1.8% y los hogares el 5.3% del PBI.
¿Ha sido un error del Gobierno emitir bonos a diestra y siniestra afectando el dinero del fisco?
Los montos otorgados inicialmente para compensar a la ciudadanía por la crisis del Covid-19 eran inevitables. Tuvieron un costo económico elevado, pero el objetivo era ganar tiempo para que el Gobierno pudiera combatir eficientemente la pandemia. Lamentablemente, no se logró este objetivo de contención sanitaria, pero sí se afectó muy severamente la economía. Y eso que el programa inicialmente era del 11% del PBI y que luego se anunció que subió hasta el 19% del PBI del 2019, la parte de los gastos públicos se ha desembolsado, aproximadamente solo el 1% del PBI.
¿La burocracia del Estado, inflada por los últimos gobiernos representa una trabaq para la reactivación?
En los últimos 20 años (del 2000 al 2019) la burocracia estatal ha crecido el doble de lo que creció la Recaudación Tributaria. Según el gráfico el crecimiento burocrático explosivo, empezó el 2006, durante Alan García 2 y siguió con Humala, PPK y Vizcarra. Y afecta severamente la competitividad peruana, como se evidencia en los continuos retrocesos en los rankings de competitividad del Foro Económico Mundial. En abril PBI cayó 40%, en mayo 33%, en junio 18%, en julio sería 10% y agosto 7%, según estimados. El problema es que ante el aumento de oferta no hay suficiente demanda agregada (inversión y consumo). Es que la recuperación se está dando principalmente en sectores primarios (minería, agroindustria, pesca) y no en comercio y servicios, que son los sectores que generan empleo.
¿Considera que la interpelación a la Ministra de Economía por parte del Congreso es oportuna?
El Congreso tiene el derecho de interpelar a la titular del MEF, Alva y a cualquier ministro. También es claro que Alva Luperdi ha incurrido en errores en la administración de la crisis. Asimismo, ha continuado la política que viene del gobierno de Ollanta Humala. La titular del MEF, María Alva, incluso ha jurado como MEF en gabinetes con políticas económicas muy disimiles como el de Cateriano versus el de Zevallos o el de Martos. Y a pesar de ello, en la situación por la que atravesamos, creo que para el país le resultaría más conveniente que la ministra Alva continúe en su puesto, que aventurarnos a cambiar de conductor del MEF en plena crisis.
¿El propio Premier Martos en su discurso habría refrendado ese dictado ante el Congreso?
El propio Premier Martos lo dijo: “La inversión pública es la principal herramienta para impulsar el cierre de brechas del país; y, en el corto plazo, cumple un rol importante en la reactivación de la economía…” (Discurso PCM Martos del 11.08.20 en el Congreso). Cuando la inversión pública es un fracaso. El famoso “destrabe” de los megaproyectos de inversión pública no funciona y siguen trabados. Esa ineficiencia se ve en la Nueva refinería de Talara, cuya inversión final nadie sabe a cuánto ascenderá, pero viendo los intereses pre operativos, escalamiento de costos, superaría los US$ 6,500 millones, tomaría más de 8 años en construirse y cuando opere sus productos tendrían precios mayores que sus equivalentes en el mercado internacional, a no ser que el Gobierno lo subsidie. Un verdadero desastre.
¿Las medidas políticas inmediatistas tienen aire populista y en eso se estaría incurriendo?
Hemos visto medidas cortoplacistas e irresponsables en el Congreso. Y eso va a generar tentación a los candidatos; el ruido político ya empieza a preocupar a los inversionistas. Y si por culpa de estas medidas del Congreso llegáramos a perder nuestro Grado de Inversión, los congresistas que están participando es este festival populista, así como sus agrupaciones políticas, estarían liquidados políticamente. Porque las penurias y retroceso que sufriríamos se cargarían a la cuenta de la recesión. Es preocupante el interés del Congreso por acelerar el proceso de nombramiento del “nuevo” Tribunal Constitucional. “Jugada” que obedecería a lograr que el TC ratifique leyes populistas y algunas inconstitucionales que luego de ser observadas por el Ejecutivo, se apruebe por insistencia en el Legislativo.
