La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ángela Teresa Hernández, hizo un llamado a la reflexión tras la polémica prohibición del uso de minifaldas, pantalones cortos y zapatillas en las instalaciones del Congreso.
Estas restricciones se han implementado en medio de la controversia por una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Parlamento.
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Un llamado a la reflexión
Durante su participación en Ampliación de Noticias, Hernández cuestionó el trasfondo de la medida adoptada por el Congreso y defendió el derecho de las mujeres a decidir cómo vestirse.
“Pensemos por qué es importante para algunas instituciones que las mujeres vistamos de tal o cual manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que las mujeres provocamos situaciones de violencia contra nosotras si usamos tal o cual prenda?”, expresó la ministra.
Hernández insistió en que las mujeres son personas libres y pueden decidir su vestimenta, siempre respetando las normas generales. Además, instó a analizar las implicancias de este tipo de restricciones en la percepción y el trato hacia las mujeres.
Restricciones en el Congreso
El Congreso de la República informó al personal que el uso de prendas como minifaldas, pantalones vaqueros o jeans, pantalones cortos y zapatillas está prohibido en sus instalaciones, y que presentarse con vestimenta “inadecuada” podría considerarse una falta sancionable.
Estas restricciones forman parte del código de vestimenta de verano y están respaldadas por el artículo 89 del reglamento interno del Congreso. Además, se reiteró que quienes asistan a sesiones del pleno, comisiones o la Comisión Permanente deben cumplir con un código de vestimenta formal, tal como lo establece el Código de Conducta de los Servidores y Funcionarios del Parlamento.
Exigencia de justicia en el caso de presunta red de prostitución
En otro momento, Hernández se refirió al caso de la presunta red de prostitución que involucra al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres, y expresó la indignación de su sector.
La ministra exigió una investigación exhaustiva y rápida para evitar la desaparición de pruebas o la manipulación de testimonios.
“Ponemos a disposición de las mujeres afectadas nuestros servicios para protegerlas y atenderlas, asegurando que la investigación se realice de manera efectiva”, señaló Hernández.
Por último, pidió que se apliquen las sanciones más severas contra los responsables.
“Exigimos, no solo como ministerio sino como gobierno, que en todos los casos de violencia se investigue y sancione, caiga quien caiga”, concluyó.
