El flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció ante el Congreso la ejecución inmediata de la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas, equipos policiales utilizados para la represión de manifestaciones.

La declaración se dio durante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa y Transportes, convocada para debatir medidas contra la extorsión en el transporte público, pero terminó centrando la atención en la nueva estrategia de seguridad del Ejecutivo frente a las recientes protestas en Lima.

Durante su intervención, Vicente Tiburcio explicó que la adquisición de los rochabuses y tanquetas estaba pendiente desde hace casi una década. “Encontramos esto, que tenemos para comprar cuarenta y cuatro Rochabús y cincuenta y seis tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante nueve años. Yo inmediatamente he dispuesto: esto se tiene que ejecutar”, declaró ante los parlamentarios.

El ministro señaló que hace 20 años no se compran nuevos rochabuses, y que actualmente ninguna unidad operativa se encuentra en servicio.

El ministro también adelantó que el paquete de adquisiciones incluye la compra de tanquetas para reforzar el patrullaje urbano y la respuesta ante bloqueos o disturbios. No precisó el monto total de inversión ni la procedencia de los fondos, pero aseguró que el proceso forma parte de un programa de modernización del sector Interior.

El ministro Tiburcio indicó también que el Ministerio del Interior mantiene una “sesión permanente” para definir si las Fuerzas Armadas brindarán apoyo operativo en futuras movilizaciones. “Estamos evaluando todos esos puntos y detalles, si va a ser pertinente y cómo nos van a apoyar. Queremos hacer algo diferente, que no sea una zona de emergencia sin resultados”, afirmó.

Según adelantó, la propuesta para regular esta colaboración militar ya está en evaluación por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de un paquete legislativo. De aprobarse, la norma establecería las condiciones bajo las cuales el Ejército podría intervenir en el control de protestas o disturbios, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las fuerzas del orden y las demandas de justicia por las víctimas de la represión.